Cifras del Ministerio de Justicia revelan que los casos de personas defensoras de derechos humanos registradas por el Estado alcanzaron su cifra más alta en 2025. Mientras tanto, persisten vacíos en la implementación del mecanismo de protección y continúan las amenazas contra quienes defienden los territorios, los pueblos indígenas y la Casa Común.

Lima, 20 de mayo del 2025.- La defensa de la vida, de los territorios y de la Amazonía continúa cobrando un alto costo en el Perú. Así lo evidencian las cifras y observaciones contenidas en la CARTA N.° 119-2026-JUS/DGDH-DPGDH, remitida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) al Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, en respuesta a una solicitud de acceso a información pública sobre el funcionamiento del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos. 

La información, solicitada por el CAAAP en el marco de su labor de acompañamiento e incidencia en favor de los pueblos amazónicos y las personas defensoras, revela un escenario preocupante: entre junio de 2019 y abril de 2026, el Estado registró 896 personas defensoras afectadas por situaciones de riesgo. Solo en 2025 se reportaron 201 casos, la cifra más alta desde la creación del mecanismo. 

Del total de casos registrados, el 73.5 % corresponde a hombres y el 26.5 % a mujeres. Para Richard O’Diana, coordinador de Incidencia Legal del CAAAP, estas cifras deben leerse también desde las desigualdades estructurales que atraviesan la defensa territorial y comunitaria en el país:

“Sí podemos concluir que el rol de defensores recae mayoritariamente en hombres pues aquí también tenemos una situación que refleja los paradigmas y roles de género, bajo los cuales todavía a las mujeres se les reduce a un rol residual en la defensa de las comunidades”, señala O’Diana. 

Sin embargo, el análisis también advierte un posible subregistro en los casos de mujeres defensoras, especialmente indígenas y rurales, cuyas amenazas y agresiones muchas veces no llegan a formalizarse ante las autoridades. 

Los datos del MINJUSDH confirman, además, que el principal ámbito de riesgo sigue siendo la defensa ambiental y de los derechos de los pueblos indígenas. Según la información oficial proporcionada al CAAAP, el 85 % de las situaciones de riesgo registradas están vinculadas a estas labores, mientras que el 70 % de las amenazas proviene de actividades ilegales como la tala ilegal, el narcotráfico y el tráfico de tierras. 

Estas cifras dialogan con las alertas emitidas recientemente por la Defensoría del Pueblo, que documentó más de 20 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos entre 2020 y 2024, además de decenas de amenazas y vulneraciones concentradas principalmente en regiones amazónicas. 

La institución advirtió también que persisten graves limitaciones para la implementación efectiva del mecanismo de protección: falta de presupuesto, escaso personal, débil articulación territorial y desconocimiento de las normas por parte de las autoridades responsables. Entre los casos más alarmantes figuran el incumplimiento de medidas de protección y las dificultades para garantizar la seguridad de quienes denuncian economías ilegales y violaciones de derechos en sus territorios. 

Precisamente, uno de los hallazgos más preocupantes es que, cinco años después de creado el mecanismo, aún permanece pendiente la aprobación de los lineamientos para implementar las medidas de protección urgentes a cargo de la Policía Nacional del Perú: “Esta es una medida trascendental para poder tener una visión más integral del proceso de protección de defensores”, sostuvo Richard O’Diana. 

Asimismo, el propio MINJUSDH reconoce que actualmente no existe un plan formal de capacitación y difusión del mecanismo, aunque señala haber realizado 21 actividades formativas durante 2026, alcanzando a 1,114 personas. 

La carta también confirma la existencia de ocho mesas regionales de protección para personas defensoras en regiones como Ucayali, Madre de Dios, Loreto, Amazonas, San Martín, Junín, Piura y Huánuco. Sin embargo, preocupa la ausencia de otras regiones con alta conflictividad socioambiental y presencia de defensores amenazados. 

En este contexto, la voz de la Iglesia vuelve a resonar con fuerza. En diversos mensajes dirigidos a los pueblos originarios y a la Iglesia amazónica, Papa León XIV ha insistido en que los pueblos indígenas constituyen “una voz irremplazable dentro de la comunión eclesial” y ha llamado a defender la Amazonía como “un símbolo vivo de la creación”. 

El pontífice ha recordado que el cuidado de la Casa Común no puede separarse de la justicia social ni de la protección de quienes arriesgan su vida por defender la tierra y los derechos colectivos. “Escuchar el clamor de la tierra y de los pobres” reitera, implica también proteger a quienes sostienen esa defensa desde las comunidades amazónicas y los territorios indígenas. 

Desde el CAAAP y la REPAM Perú, esta información reafirma la urgencia de fortalecer las políticas públicas de protección, garantizar el acceso a la justicia y reconocer la labor fundamental de las personas defensoras de derechos humanos, especialmente en la Amazonía peruana, donde la defensa de la vida continúa enfrentándose a la violencia, la impunidad y el avance de economías ilegales.