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27 Jun 2024

Hacen llamado urgente para iniciar la búsqueda del líder indígena Mariano Isacama

La Guardia Indígena Kakataibo denunció que se trataría de secuestro como represalia a los recientes operativos contra el narcotráfico en la zona. Además, anunciaron que iniciarán la búsqueda y rescate del líder indígena y que tomarán el control territorial para detener las invasiones cocaleras en sus comunidades.

Seis días han pasado desde la última vez que se vio a Mariano Isacama Felciano. El líder indígena kakataibo, quien había recibido amenazas de muerte, desapareció el 21 de junio en Aguaytía, provincia de Padre Abad, en la región Ucayali, generando una ola de alarmas y llamados urgentes a la acción del Estado peruano a nivel nacional e internacional.

Isacama Felciano ocupaba el cargo de primer vocal de la comunidad nativa Puerto Azul, era parte del equipo técnico de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka) y trabajaba como enlace indígena en la Dirección regional de Pueblos Indígenas del Ministerio de Salud. Antes de su desaparición, había reportado amenazas por mensajes vía WhatsApp.

La situación ha llevado a que representantes de organizaciones indígenas a nivel nacional lancen la alerta a través de una conferencia de prensa. «Estamos dolidos y consternados. Responsabilizamos de todo lo que pase al Estado peruano. Estamos cansados de estas amenazas solo por defender nuestros territorios», sostuvo Lenin Sánchez, vicepresidente de Fenacoka.

Según indicaron los representantes indígenas durante la conferencia de prensa, las amenazas que recibía Isacama provendrían de grupos delictivos que operan en la región. Un escenario que evidencia la vulnerabilidad constante que enfrentan los defensores ambientales que luchan contra actividades ilegales como el narcotráfico, el tráfico de tierras y la tala ilegal de madera.

Alerta internacional

Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre Defensores de los Derechos Humanos, instó a las autoridades a tomar medidas para encontrar a Isacama y garantizar su seguridad. En 2020, un informe del entonces relator destacó que los problemas que enfrentan en Perú los defensores ambientales incluyen la criminalización, el acoso judicial, amenazas y ataques, así como la poco efectiva protección de la Policía y del sistema judicial, una situación que parece no haber cambiado mucho.

De acuerdo con Herlin Odicio, presidente de Fenacoka, las garantías que han sido otorgadas por el estado a los líderes kakataibos son insuficientes frente a la desprotección que enfrentan en sus territorios. «No funcionan. Son solo papeles. Arbildo Meléndez tuvo garantías y estuvo en este local en donde estamos antes de que lo asesinaran. Hoy estamos aquí y luego no sabemos qué nos espera afuera», mencionó.

Foto: Berngk Mahua

Desde 2020 han sido cinco los líderes kakataibos asesinados en el Perú: Arbildo Meléndez, jefe de la comunidad nativa Unipacuyacu; Santiago Vega Chota y Herasmo García Grau, de Sinchi Roca; Yenes Ríos Bonsano, de Puerto Nuevo, y Benjamín Flores Ríos, de Mariscal Cáceres. Estos asesinatos han generado un clima de miedo e incertidumbre entre las comunidades indígenas kakataibos.

Es por eso que muchos líderes, incluido Isacama, no formalizan las denuncias. Tienen miedo de las represalias que puedan tomar contra sus familias, indicó Odicio. En ese sentido, anunció que si el Estado peruano no se preocupa de iniciar las investigaciones correspondientes, «la guardia indígena del pueblo kakataibo empezará con la búsqueda y hará justicia».

Organizan rescate

Esta noche, la Guardia Indígena Kakataibo reveló que, durante el mes de mayo, en respuesta a nuevas invasiones en sus territorios, se realizaron operativos que incluyeron la destrucción de pozas de maceración de coca. Estas acciones habrían desencadenado represalias por parte de grupos vinculados al narcotráfico, quienes estarían detrás de la desaparición de Isacama, mencionaron.

En el comunicado señalaron que se ha entregado a la fiscalía de Derechos Humanos las evidencias de las amenazas que recibía Mariano Isacama, y que el caso se trataría de un secuestro con la intención de que el líder kakataibo «revele información sobre la ubicación de los dirigentes que estamos liderando la lucha contra las invasiones cocaleras en nuestras comunidades».

Ante esta situación, la Guardia Indígena Kakataibo anunció el comienzo de un operativo de búsqueda propio, con la advertencia de que no cesarán hasta lograr que entreguen al líder desaparecido. En ese sentido, exigieron la colaboración activa de la Policía Nacional en el acompañamiento de estos operativos, a fin de prevenir mayores episodios de violencia.

En el documento publicado esta noche también declaran en emergencia sus territorios para proteger a sus comunidades y detener las invasiones ilegales. «La alianza de las guardias de los pueblos originarios Kakataibo, Shipibo y Asháninka tomarán control del acceso a nuestras comunidades, como medida de defensa de nuestra integridad personal y territorial», manifestaron.

El comunicado concluye con un llamado al gobierno peruano para que tome en serio su compromiso con la protección de los ciudadanos que defienden la Amazonía de las actividades ilegales. Asimismo, se enfatiza la necesidad urgente de implementar una estrategia integral de seguridad territorial que resguarde la vida e integridad del pueblo indígena kakataibo.

14 Dic 2021

«Hemos denunciado, pero las acciones estatales no son efectivas. Nos siguen matando». Teresita Antasu ante la CIDH

«Hemos denunciado, pero las acciones estatales no son efectivas. Nos siguen matando». Teresita Antasu ante la CIDH

La integrante del consejo directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Teresita Antasu, expresó frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las amenazas que enfrentan  desde los territorios indígenas ante la falta de atención por parte del Estado. Junto a representantes de las regiones de Loreto, Madre de Dios, Amazonas y Ucayali, este lunes también se dio a conocer las situaciones de vulneración de los derechos humanos de los pueblos amazónicos.

«Desde que empezó la pandemia hasta la fecha, 15 de nuestros hermanos indígenas han sido asesinados. Pese a que hemos hecho denuncias, las acciones estatales no son efectivas. Nos siguen matando. No se identifica ni se sanciona a los responsables. Mucho menos hay reparación para las víctimas y sus familias». Así empezaba su participación Teresita Antasu, miembro del consejo directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), durante la audiencia de este lunes frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En esta comparecencia, que reunió a representantes amazónicos de las regiones de Loreto, Madre de Dios, Amazonas y Ucayali, se dio a conocer la grave situación que enfrentan las comunidades indígenas por la privación de sus derechos y la ausencia del Estado en sus territorios. Se trata de los casos de los derrames de crudo ocurridos entre el 3 y 25 de enero 2016,  que generaron la contaminación del río Chiriaco en Amazonas, de la quebrada Cashacaño y del río Morona en Loreto; la contaminación de los ríos a causa de la minería ilegal en Madre de Dios; así como en la concesión del 2017 del Proyecto Hidrovía Amazónica, que afectaría con los dragados y remoción de los suelos a los ríos del Ucayali, Marañón, Huallaga y el Amazonas.

También se abordó el caso de los tres kukama asesinados el 8 de agosto de 2020, durante enfrentamientos con la policía en el Lote 95 de Loreto.  James Pérez Pacaya, presidente de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua (AIDECOBAP), exigió justicia para los indígenas fallecidos, pues a más de un año de los hechos, la investigación del Ministerio Público continúa en etapa preparatoria. «Necesitamos encontrar a los responsables de este hecho, porque en una denuncia nos han incriminado diciendo que  estuvimos armados. Pero esto se ha visto desvirtuado este año, cuando nos han entregado los videos en la misma Fiscalía Corporativa Penal de Requena. Por todo ello, pedimos encontrar justicia a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», explicó.

Derecho al agua y a los ríos

Por su parte, el representante de ORPIAN, Walter Eusebio Cuñachi, sostuvo que a pesar de que han pasado casi cinco años del derrame de crudo que se produjo en el distrito de Imaza, en la región Amazonas, hasta hoy las principales comunidades indígenas afectadas por la contaminación del río Chiriaco no saben si el agua y los peces son aptos para el consumo humano. Además, el líder indígena señaló que los resultados de los exámenes que se le practicaron a los niños de la zona, que determinarían las dimensiones de la afectación a la salud, todavía no se conocen.

En otro momento, el presidente de FENAMAD, Julio Cusurichi expresó que en la región Madre de Dios el mercurio, elemento utilizado por mineros ilegales para extraer oro de los ríos, continúa siendo un riesgo latente para las comunidades indígenas. En ese sentido, expresó ante la CIDH que el gobierno debe aplicar con urgencia estrategias para enfrentar estos problemas. “Nosotros somos altamente vulnerables a la contaminación. Nuestra dieta alimentaria es el pescado. No solamente el agua sirve para hacer minería, sino que para los pueblos indígenas es sumamente importante, pues se usa para beber, transportarse y pescar”, refirió.

Por otro lado, en febrero de 2016 se produjo un derrame de petróleo en el río Morona, en la región Loreto. Es por eso que las 21 comunidades afectadas por esta situación,  representadas por Milton Saquiray Pisuri, de la Federación Organización Única del Morona (NOUM), solicitaron a través de la CIDH contar con un inventario hídrico de las fuentes, quebradas, ríos, cuencas o sub cuencas; realizar la caracterización de la calidad de agua por la cantidad y el volumen que sería apto para las poblaciones; y unificar los anillamientos o criterios sobre la categoría de uso del agua entre el Ministerio de Salud y la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Hidrovía Amazónica

El presidente de ORAU, Berlín Diques, aprovechó su participación para pronunciarse en contra del proyecto de la Hidrovía Amazónica, y  pedir que se anule el contrato para su ejecución por los graves impactos que ocasionaría su ejecución en los ríos de la Amazonía peruana. “Estamos en una emergencia amazónica en este momento (…) los estudios generados por este proyecto indican claramente los grandes impactos que se generarán más adelante. No solamente la pandemia nos ha arrasado con este intento de exterminio, sino también el incremento de narcotráfico”, sostuvo.

En estas denuncias expuestas ante la CIDH, los líderes y lideresas indígenas están siendo acompañados, de manera conjunta, por la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), Cáritas Madre de Dios y la Pastoral de la Tierra del Vicariato Apostólico de Yurimaguas.