Un defensor ambiental más que el Estado peruano falló en proteger es asesinado en la Amazonía
El líder kichwa Quinto Inuma Alvarado había alertado, en reiteradas oportunidades, sobre las amenazas y agresiones que recibía por defender su territorio ancestral de actividades ilegales. La tarde del miércoles 29 de noviembre, cuando se dirigía a su comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, en la región San Martín, fue asesinado de varios impactos de bala.
“Seguimos luchando por la defensa de millones de vidas, de ecosistemas que están por desaparecer. No queremos dejar que mañana todo sea un desierto destruido, talado”, fueron las palabras de Quinto Inuma Alvarado a mediados de 2021, después de denunciar las agresiones que recibía por defender su territorio ancestral. Las amenazas contra su vida se hicieron realidad la tarde de este miércoles 29 de noviembre, cuando se dirigía a su comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, en la región San Martín.
El líder indígena kichwa, quien venía luchando como apu de su comunidad para lograr la titulación colectiva, regresaba de una reunión de personas defensoras de derechos humanos realizada en la ciudad de Pucallpa, Ucayali, cuando fue interceptado por sujetos encapuchados y armados. De acuerdo con lo informado por la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la región San Martín (CODEPISAM), Inuma Alvarado se encontraba junto a sus familiares cuando le quitaron la vida.
Desde hace varios años, el apu era víctima de amenazas de muerte por parte de personas vinculadas al tráfico de madera. En julio de 2021, después de haber sido agredido, salió de emergencia de su comunidad y se refugió en Tarapoto para proteger su vida y la de su familia. Y aunque en ese entonces se emitió la alerta, desde el Estado, para la activación del protocolo para la protección de personas defensoras de derechos humanos, las medidas para garantizar su seguridad fueron insuficientes.
“Son muchos años haciendo mención de que el Estado debe garantizar el derecho a la vida, la protección a los líderes y defensores. Hemos pedido en varias ocasiones que se declare en emergencia a los distritos de Huimbayoc, Chipurana y Papaplaya por la presencia de narcotráfico y de tala ilegal de madera. El apu Quinto Inuma pidió muchas veces garantías, pero la presencia de la policía allá es nula», dijo Wilfredo Tsamash, presidente de la CODEPISAM, en declaraciones al CAAAP.
Medidas insuficientes
En los últimos diez años, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, 45 defensores ambientales fueron asesinados en el Perú. Desde 2020 hasta mediados de 2023, de acuerdo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a diez líderes indígenas les arrebataron la vida por temas vinculados a la protección del medio ambiente. Quinto Inuma era uno más de una larga lista de defensores ambientales indígenas que seguía sin recibir la atención adecuada por parte del Estado.
El líder kichwa nunca se cansó de tocar puertas: recorrió desde la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y el Congreso de la República, y llevó su caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Después de mucho insistir, consiguió, en 2021, que se activara una alerta del Ministerio de Justicia que debió darle protección a él y su familia. Sin embargo, muchas de las medidas, que incluían la visita del ministro a su comunidad y el apoyo a la titulación comunal, no se cumplieron.
A través de un pronunciamiento emitido por CODEPISAM para condenar la muerte de Inuma Alvarado, se dio a conocer que han sido muchos años en la lucha por la titulación de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu. Y es que, en el marco de la Mesa Técnica de Titulación de la región San Martín, en noviembre de 2021 se creó una Comisión Especial para atender de forma específica este asunto. No obstante, dos años después, aunque se decidió reactivar esta comisión, no hay resultados ni avances.
«Quinto Inuma y comuneros de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, desde el 2016 han venido comunicando a las autoridades del sistema de justicia, la tala indiscriminada y la presencia de narcotráfico acechando sus bosques comunales, sin que a la fecha haya un solo condenado por estos delitos. No puede haber nada más impune que esto, ejemplo de lo lejano del acceso a la justicia para los pueblos indígenas en este país», se lee en el pronunciamiento emitido por CODEPISAM.
El asesinato de Inuma Alvarado ha vuelto a levantar las alertas sobre la creación de protocolos y mecanismos que existen en papel en diversos organismos del Estado, pero que en la realidad no se cumplen. Desde las organizaciones indígenas, ambientalistas y de derechos humanos se insta a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva para sancionar a los responsables, y a otorgar medidas de protección efectivas para que ninguna persona defensora de la Amazonía más sea asesinada.
