Mediante un comunicado publicado este martes 13 de agosto, el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana pidió la derogación urgente de la Ley n.º 32107, norma que modifica la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra.
«Con esta decisión se está sacrificando le respeto a la vida y la defensa de la justicia, causando un irreparable daño a las víctimas de la violencia, a las familias afectadas, y a todos los que esperamos que nuestras autoridades trabajen por el bien común, en especial de los más vulnerables, dentro de un Estado de Derecho», se menciona en el comunicado.
Por esos motivos, el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana hace un llamado urgente a nuestras autoridades, a los diversos organismos tutelares del Estado de Derecho en el Perú y a la sociedad civil organizada para accionar los mecanismos constitucionales a fin de buscar los caminos para obtener lo más pronto posible la nulidad de esta ley, garantizando que las víctimas de todo crimen y asesinato cometido en nuestra patria, tengan acceso a la justicia y la reparación correspondiente a la que tienen derecho y que el Estado peruano tiene obligación de garantizar.
Iniciativas, propuestas, diálogos y resistencias se congregan hasta el 15 de junio en Rurrenabaque, en el departamento de Beni, para la protección de la cuenca amazónica y quienes la habitan.
Bajo consignas que resaltan la urgencia de proteger y preservar la Amazonía, inició el XI Foro Social Panamazónico (FOSPA) este miércoles 12 de junio en el municipio de Rurrenabaque, en Bolivia. Representantes de organizaciones indígenas, movimientos sociales y colectivos se reúnen para realizar un nuevo proceso de diálogo y discernimiento en torno a las problemáticas que afectan la cuenca amazónica y sus habitantes.
Son más de mil personas provenientes de los nueve países que conforman la Panamazonía las que participan hasta el 15 de junio en espacios de intercambio de experiencias y reflexiones colectivas. Organizados en cuatro ejes temáticos: pueblos indígenas y poblaciones amazónicas; madre tierra; extractivismos y alternativas y resistencia de las mujeres, lo que se busca es consensuar propuestas para la elaboración de un documento final de posicionamiento político.
Foto: FOSPA.
En ese sentido, cada eje temático viene debatiendo sobre distintos subtemas relacionados a la tierra y el territorio, los derechos de los defensores de ambientales, la autonomía y justicia indígena, los pueblos que habitan la Amazonía, la situación del agua, la crisis climática, las áreas protegidas y la biodiversidad, el punto de ‘’no retorno’’ y los bosques, la minería y sus alternativas, los territorios y participación de las mujeres y los derechos y violencias, entre otros.
Voces en simultáneo
Durante la mañana del miércoles 12 de junio, cada una de los ejes temáticos comenzó con distintos conversatorios que marcaron el inicio del debate que viene centrando el proceso FOSPA. Wilfredo Tsamash, presidente de la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (CODEPISAM), en el panel de apertura del eje pueblos indígenas y poblaciones amazónicas, presentó el contexto entorno al territorio y la autonomía indígena en Perú.
"Lo que buscamos es la defensa del territorio y no de las tierras. Territorios que muchos años venimos defendiendo porque son nuestra casa, son nuestro hogar. Nosotros enfrentamos a madereros ilegales, minería ilegal, traficantes de tierra y el narcotráfico. Estamos al medio luchando contra la corriente para defender la existencia de los pueblos, porque un pueblo sin territorio es un pueblo hacia la extinción, un pueblo camino a desaparecer", subrayó el líder indígena.
Foto: FOSPA.
Durante la tarde, las delegaciones se dividieron en grupos de trabajo que se concentraron en diferentes locales ubicados entre Rurrenabaque y Sanbuenaventura. En el grupo de participación de las mujeres y territorio, Fabiola Yaun Edmundo, secretaria de la mujer de la Federación Regional Indígena Awajún del Alto Mayo (FERIAAM), en Perú, mencionó la desprotección y abandono que enfrentan los pueblos indígenas y las mujeres por parte del Estado.
"No hay que ver el bosque o la selva como un lugar de extracción o una reserva. Esa es la problemática que tenemos en nuestro país porque hasta el gobierno permite que esto suceda. Ni con titulación se puede garantizar la seguridad. Hay pueblos titulados pero ni aún así están a salvo. El gobierno no te protege porque tenemos territorios y comunidades invadidas (...) ¿Qué le vamos a dejar a esta generación que va a venir?", sostuvo la dirigenta awajún.
Foto: FOSPA.
Para finalizar el primer día, el puente sobre el río Beni que une los municipios de Rurrenabaque y San Buenaventura congregó a los participantes en una manifestación que tomó las calles. Las consignas eran claras: el rechazo por el extractivismo depredador, el respeto por la vida de los pueblos indígenas, la defensa del agua, la lucha por el respeto de la soberanía indígena y la reivindicación del papel de las mujeres dentro de los territorios amazónicos.
Foto: FOSPA.
El próximo 15 de junio se aprobarán en plenaria las conclusiones del XI FOSPA y a su vez se dará pie al documento final que recoja cada uno de los temas abordados dentro del evento. Líderes indígenas, representantes de organizaciones, defensores, movimientos y colectivos juveniles por la Amazonía han coincidido en que las acciones no pueden seguir quedando en el papel, pues la Panamazonía requiere labores urgentes para su protección.
Foto: FOSPA.
En esta XI edición del FOSPA Internacional participan diversas delegaciones de Perú. Entre ellos están representantes de la sociedad civil como el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), así como de la Iglesia Católica a través de la Red Eclesial Pnamazónica (REPAM), el Movimiento Laudato Si' Perú y los Vicariatos de Puerto Maldonado, Yurimaguas, San Francisco Javier, San José del Amazonas e Iquitos.
Los Obispos del Perú, al finalizar su 126ª Asamblea Plenaria Ordinaria, emitieron un pronunciamiento sobre la grave situación que vive el país y que afectan la vida social, la economía, la política y sobre todo la ética.
En su mensaje, los Obispos advirtieron que la corrupción generalizada juega un rol central en los últimos años, pidieron la derogación de la Ley forestal y de fauna silvestre y señalaron que la democracia corre el riesgo de experimentar una profunda involución.
“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado para anunciar a los pobres la Buena Noticia… para dar la libertad a los oprimidos” (Lc 4,18)
Los Obispos del Perú, al finalizar nuestra 126ª Asamblea Plenaria, nos dirigimos a todos los fieles de las comunidades cristianas y a todas las personas de buena voluntad. Nos motiva la grave situación general del país, pues las angustias y tristezas, pero también los gozos y esperanzas de nuestro tiempo son angustias y tristezas, gozos y esperanzas de los discípulos de Jesucristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en nuestro corazón[1].
El compromiso de la Iglesia con la justicia social, a la cual no puede renunciar, ha estado siempre presente en su misión. Hoy vivimos en un mundo en el que se mezcla paradójicamente progreso tecnológico con desatención a la pobreza y maltrato a la naturaleza, un “mundo de sombras” que necesita de la justicia y el cuidado de la Casa Común[2]. La Misión de la iglesia, en fidelidad a Jesucristo es construir la fraternidad, hoy muy maltratada.
LA GRAVEDAD DEL MOMENTO ACTUAL
El Perú vive una suma de crisis que afectan la vida social, la economía, la política y sobre todo la ética. Están en crisis los valores que fundaron la Nación, involucrando a muchos de quienes hoy ejercen el poder en medio de un creciente autoritarismo.
La corrupción generalizada juega un rol central en los últimos años. Ella acompaña la historia republicana. Es una verdadera pandemia que se ha incrementado por el aumento de una economía ilegal: narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, tráfico de inmuebles, etc; manejadas por organizaciones criminales trasnacionales, que también actúan en los países vecinos y que generan permanentes situaciones de violencia e inseguridad a todo nivel.
La aprobación de los recientes cambios en la Ley forestal y de fauna silvestre, que favorece la deforestación de la Amazonía, y la pone en grave riesgo, exige que las autoridades reconsideren la aprobación de esta Ley.
Igualmente, una estrategia de lavado de activos mediante “inversiones” en todos los rubros, genera pseudo-empresas, en distintos giros: pesqueras, inmobiliarias, aeronáuticas, educativas, deportivas y recreativas.
Se impone una economía que busca beneficios subalternos, violando la legalidad. Esta clase de economía se vale de un Estado débil y manipulable. Hay pues una corresponsabilidad de muchos agentes económicos y políticos que impiden que el país tenga los medios financieros necesarios para asegurar el bien común.
Las redes criminales han visto lo estratégico de corromper la política. Los partidos han sido reemplazados por organizaciones que no existen para representar, sino solo para ganar puestos para sí mismas en el Estado. Ello no excluye que haya políticos que se desempeñen con honestidad.
La creciente inseguridad ciudadana que golpea hasta los sectores más vulnerables de la población exige una actitud urgente, decidida y eficaz de las autoridades competentes.
Así las cosas, el proceso democratizador no solamente se ha visto frenado, sino que corre el riesgo de experimentar una profunda involución.
LA RESPONSABILIDAD DE GOBERNANTES Y GOBERNADOS
Luego del frustrado golpe de Estado de diciembre de 2022, hubo una amplia protesta social con episodios de violencia y daño patrimonial condenables. Pero ellas mostraron la falta de canales para enfrentar conflictos y construir consensos, y la gravísima perdida de la vida de 70 peruanos civiles, policías y militares.
Las muertes no han sido aún esclarecidas. No se ha realizado una investigación efectiva y la necesaria reparación, creciendo la animadversión de las regiones más afectadas con el Gobierno.
En el Legislativo son múltiples las evidencias de ventajas para los congresistas, como las alianzas políticas extrañas y no explicadas. El equilibrio de poderes con el Ejecutivo es muy débil y la independencia de los órganos de control político, ha sido dañada.
Se designa desde el Congreso autoridades con antecedentes dudosos, y es más grave porque ocurre también en organismos constitucionales autónomos; así se corre el riesgo de que se aparten de sus cargos a autoridades que no son del gusto de quienes controlan el Ejecutivo y el Legislativo.
Por ello están deslegitimados el Poder Ejecutivo y el Legislativo, como lo demuestran los altos niveles de desaprobación. A ello se añaden las denuncias de mala gestión en áreas vitales: economía, seguridad ciudadana, salud, educación, trabajo, cambio climático.
Estamos así ante una situación política forzada y peligrosa que alienta más el rechazo de la opinión pública. Pero, a la vez, la opinión pública no tiene organización para proponer alternativas políticas que generen debate con implicancias prácticas.
Este es el problema político más urgente. No basta que haya elecciones en dos años que pueden ser muy críticos. Hay que promover ahora iniciativas claras que rompan pronto con este empantanamiento y que los líderes que lo sostienen se abran a nuevos caminos, a un diálogo distinto.
¡ES NECESARIO ENCONTRAR UN RUMBO COMÚN PARA TODO EL PAÍS!
Retomemos nuestra historia para trabajar juntos como sociedad peruana y enrumbarnos hacia un proyecto de país justo, fraterno, solidario y reconciliado, pues solos y aislados no saldremos de la crisis; “de la crisis o salimos todos o no sale ninguno” (Papa Francisco, 01 julio 2022). Debemos encontrar el rumbo caminando juntos, corresponsablemente, en busca del bien común.
Necesitamos un cambio de mentalidad, convertirnos y centrar nuestra mirada en la dignidad de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, llenándonos de servicio al prójimo en la acción, de verdad en el diagnóstico y de solidaridad al aplicar las políticas. La economía debe estar unida a la justicia social y ambiental y es necesario proteger y defender la vida en toda circunstancia, desde la concepción hasta la muerte natural.
Necesitamos una democracia viva, no solo en la política, sino en lo social, en lo regional y en las relaciones interculturales. La política debe volver a ser efectivamente representativa de los intereses ciudadanos y transparente para salir del gran hoyo en el que nos encontramos.
Hoy el país necesita de la buena política: “la buena política une al amor, la esperanza, la confianza en las reservas de bien que hay en el corazón del pueblo” (Fratelli Tutti No. 196).
INVOCAMOS COMO PASTORES DE NUESTRO PUEBLO
Desde nuestra condición de Pastores, invocamos a todas las fuerzas sociales y políticas a buscar el consenso con políticas eficaces donde la Agenda prioritaria sea el bienestar de todos los peruanos.
No nos dejemos vencer por el pesimismo, pues el pueblo peruano es luchador, creativo, emprendedor y capaz de realizar grandes obras como lo ha demostrado a lo largo de la historia nacional. Es el momento de poner en evidencia nuestra gran reserva moral.
En consonancia con nuestro compromiso con la historia de nuestra patria, ofrecemos una vez más nuestro servicio y presencia para construir puentes de encuentro para la escucha, el diálogo y el entendimiento.
Pedimos al Estado, a las empresas y a las organizaciones sociales que lleguen a acuerdos concretos y sostenibles, mediante un diálogo justo, bien intencionado, transparente, sin violencias de ningún tipo y que rindan cuentas a la ciudadanía.
Invocamos al pueblo peruano a tomar posición y asumir un compromiso activo para participar en la identificación y construcción de las salidas que requerimos para superar la crisis, asumiendo corresponsablemente los desafíos, junto a quienes ejercen cargos de autoridad, con la participación también de nuestras comunidades cristianas, cultivando la verdad, la honradez y todas las virtudes evangélicas, cristianas y humanas.
Invoquemos al Señor de los Milagros, ícono de la fe y esperanza de nuestro querido pueblo, a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, para que nos iluminen, nos acompañen y nos sostengan para construir un país que goce de desarrollo integral, de paz y bienestar en cada peruano, especialmente en el más débil y desprotegido.
Dios bendiga al Perú.
Lima, 25 de Enero del 2024
LOS OBISPOS DEL PERÚ
[1] Crf. Constitución Pastoral Gaudium et Spes No. 1, Concilio Vaticano II
En respuesta a la aprobación de la Ley 31973, que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre; colectivos y movimientos ambientalistas, organizaciones indígenas, de la sociedad civil y ciudadanos convocaron un plantón para este jueves 25 de enero a las 5 de la tarde en el Parque Universitario, en Lima.
Bajo la consigna #NoalaLeyAntiforestal, esta movilización busca visibilizar la indignación y el rechazo de la población ante una legislación que, según expertos, amenaza los bosques y la biodiversidad de la Amazonía, y pone en peligro la supervivencia de las comunidades que dependen directamente de estos ecosistemas.
De esta manera, se busca instar a las autoridades a derogar la modificatoria de la Ley Forestal, aprobada por el Congreso de la República el 11 de enero pasado, y a escuchar las voces de aquellos que se verán directamente afectados por las disposiciones que facilitan la aparición de economías ilegales en el territorio amazónico.
Respuesta internacional
Las embajadas de Noruega, Reino Unido, Canadá y Alemania en Perú también han expresado su preocupación por la modificatoria de esta norma. A través de un comunicado conjunto, instaron a las autoridades peruanas a reconsiderar esta ley que, según señalan, no cuenta con un proceso de consulta social amplia e inclusiva con las organizaciones indígenas.
En ese sentido, subrayaron la importancia de involucrar a las comunidades locales en las decisiones que afectan directamente a sus territorios, para así continuar avanzando con los objetivos y compromisos asumidos como países socios del Perú en la Declaración Conjunta de Intención (DCI) para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y combatir la deforestación.
Alertaron sobre las consecuencias negativas de la reciente modificación a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre en el territorio amazónico, destacando amenazas a la biodiversidad, derechos fundamentales y la lucha contra la deforestación.
La Conferencia Eclesial de la Amazonia (CEAMA) se pronunció para expresar su profunda preocupación ante la aprobación de la Ley n.° 31973 en Perú, la cual modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Según la CEAMA, esta decisión representa un retroceso significativo en la lucha contra la deforestación y una amenaza directa para los derechos fundamentales de las comunidades que dependen del uso sostenible de los bosques en la región amazónica.
En el documento, la CEAMA destacó que la nueva ley facilita el acceso a tierras deforestadas, lo cual beneficia a las economías ilegales y socava los esfuerzos para proteger la biodiversidad y fomentar el desarrollo sostenible en la Amazonía. Además, resaltó que la aprobación de esta ley contradice los compromisos asumidos por el Gobierno peruano durante la IV Reunión de Presidentes de los Estados Parte en el Tratado de Cooperación Amazónica, realizada en agosto de 2023.
En ese sentido, la CEAMA subrayó la importancia de recordar los compromisos adquiridos por las autoridades políticas peruanas en esa reunión, compromisos destinados a combatir la deforestación y evitar que la Amazonía llegue a un punto de no retorno. La ley recientemente aprobada, de acuerdo con la organización, socava estos esfuerzos al favorecer la legalización de la deforestación en lugar de promover prácticas agrarias sostenibles.
Desde la perspectiva mencionada, la ley carece de una visión renovada sobre el desarrollo agrario en la Amazonía y contradice los principios de sostenibilidad y solidaridad. Citando la Encíclica Laudato Sí' del Papa Francisco, la CEAMA subrayó que la depredación de la naturaleza responde a formas inmediatistas de entender la economía y la actividad comercial, en lugar de adoptar enfoques que promuevan la conservación de los bosques.
Finalmente, la CEAMA respaldó el pronunciamiento de los obispos de la Amazonía del Perú e hizo un llamado a las autoridades para reconsiderar la aprobación de la Ley n.° 31973, instando a la promoción de un desarrollo agrario sostenible y justo que respete los compromisos públicos asumidos en beneficio de la Amazonía y sus habitantes.
A continuación, lee el pronunciamiento de forma íntegra:
Agentes pastorales indígenas, misioneros, misioneras y obispos de los ocho vicariatos de la selva del Perú denuncian el grave retroceso en materia de protección ambiental y reconocimiento de los derechos de los pueblos amazónicos que suponen una serie de propuestas legislativas. El documento fue elaborado y firmado en el marco del «Encuentro de Misioneros de la Amazonía peruana».
Por: CAAAP / REPAM Perú
Bajo el lema «La defensa de la tierra no tiene otra finalidad que no sea la defensa de la vida», agentes pastorales indígenas, misioneros, misioneras y obispos de los ocho vicariatos de la Amazonía peruana se pronunciaron para rechazar las iniciativas legislativas que buscan reducir los estándares de protección ambiental para los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI) y que atentan contra los derechos de los pueblos amazónicos.
El documento fue elaborado y aprobado en el marco del “Encuentro de misioneros de la Amazonía peruana: A la luz del sínodo amazónico”, un espacio realizado del 23 al 24 de enero, en Lima, que albergó a más de 90 participantes provenientes de las jurisdicciones eclesiales de la selva. Estas voces exigen que se garantice la participación de los pueblos indígenas y sus organizaciones representativas en los procesos de creación de políticas y leyes que les afecten directa o indirectamente.
En el pronunciamiento, los vicariatos de la Amazonía señalan también que el proyecto de Ley 3912-2022, que busca modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, reduce los estándares de protección ambiental. Esta iniciativa plantea que los gobiernos regionales tengan mayores facultades sobre ecosistemas forestales. «Instamos al Congreso a realizar un proceso de consulta previa, teniendo en cuenta que la actual Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus reglamentos si contaron con uno en su día», se lee en el documento.
Asimismo, los firmantes respaldaron el pronunciamiento emitido por los obispos de la Amazonía el último 3 de enero, rechazando la modificación de la ley PIACI a través del Proyecto de Ley N° 3518/2022-CR. «Reafirmamos la necesidad de reconocer la existencia de los PIACI en el Perú y promover la defensa integral de sus derechos, debido a que es obligación de los Estados implementar medidas que contribuyan a fortalecer su protección integral».
Finalmente, los participantes del encuentro solicitaron que se ejecuten acciones para superar el grave contexto social que padecemos en la actualidad. «El Estado debe propiciar el diálogo social, el respeto entre peruanos y peruanas, y gestionar medidas preventivas que eviten la violencia, para construir un país donde el bien común y la vida primen sobre los intereses particulares».
A continuación, lee el pronunciamiento de forma íntegra:
Al final del Ángelus, el pensamiento de Francisco se dirige también a la nación sudamericana, a merced de fuertes tensiones que en las últimas semanas han causado víctimas entre manifestantes y fuerzas de seguridad: "Superemos la crisis política y social".
Antonella Palermo - Ciudad del Vaticano
Tras la oración mariana, el Papa, desde la ventana del Palacio Apostólico, expresa su preocupación por la situación en Perú, país sumido en fuertes tensiones políticas:
Rezamos también por la paz en Perú, para que cese la violencia en el país y se emprenda la vía del diálogo para superar la crisis política y social que aflige a la población.
La nación sudamericana está a merced de la ira de los votantes, que ha permanecido durante mucho tiempo en la superficie tras años de política tumultuosa en los que hubo seis presidentes en cinco años. La mayoría de los antiguos dirigentes han sido encarcelados o investigados por corrupción. La situación ha estallado en las dos últimas semanas.
Un país a merced de la inestabilidad política y social
Los manifestantes bloquearon carreteras, incendiaron edificios y ocuparon aeropuertos tras la destitución de Castillo el 7 de diciembre, pocas horas después de que intentara ilegalmente cerrar el Congreso para evitar una votación de destitución que temía perder. Murieron al menos 18 personas. Muchos de los que protestaron -algunos partidarios de Castillo y otros simplemente enfadados- dijeron sentirse ignorados por los líderes políticos, informa Reuters.
Boluarte, primera mujer presidenta de Perú que habla la lengua indígena andina quechua, hizo un llamamiento a la calma e imploró al Congreso que adelantara las elecciones. Ha declarado que no dimitirá, a pesar de las presiones. Castillo llegó a la presidencia el año pasado gracias al apoyo de los votantes rurales, hartos del statu quo y de lo que consideraban la élite política corrupta de Lima. "Fui elegido por los hombres y mujeres olvidados del Perú más profundo, los desposeídos que han sido desatendidos durante más de 200 años", dijo Castillo en una carta manuscrita desde la cárcel. Cumple 18 meses de prisión preventiva mientras se le investiga por presuntos delitos de rebelión y conspiración, que él niega.
Hasta el momento, son siete ciudadanos los fallecidos en los enfrentamientos contra la Policía, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo. Las protestas continúan con bloqueos de carreteras al interior de todo el país, para exigir el cierre del Congreso y la salida de la presidenta de la República, con la convocatoria de un nuevo proceso electoral.
"¡No más hechosde violencia!, ¡No más muertes! ¡El Perú debe ser nuestra prioridad!". Es el llamado que hacen, en medio de la crisis política que se vive en el país, los obispos del Perú. A través de un pronunciamiento, la Conferencia Episcopal Peruana invoca a ciudadanos y autoridades a "construir puentes de diálogo" y "calmar los ánimos", ante las manifestaciones que han surgido al interior de todo el país tras la destitución del presidente Pedro Castillo. Hasta este martes 13 de diciembre, los enfrentamientos con la Policía han cobrado la vida de siete personas.
"Nuestro querido país no debe continuar en la zozobra, el miedo y la incertidumbre. Necesitamosdiálogosincero, calmar los ánimos para proteger nuestradébilDemocracia,conservarlainstitucionalidadymantenerla fraternidad de nuestro pueblo", afirman en el documento. "Hacemos una apremiante invocación a construir puentes de diálogo, llamando a la serenidad a todos nuestros compatriotas que realizan protestas en diversas partes del país, cuyos reclamos, cuando justos, deben ser escuchados; pero que ejerzan su derecho sin violencia".
En esa línea, los obispos del Perú también pidieron a las autoridades policiales actuar "en el marco de laLey, velando por la integridad de las personas"; a la clase política, " a preocuparseporlainstitucionalidad,elorden democrático, el debido proceso yel bien común de todos los peruanos, especialmentedelos más desprotegidos", y a todas las Instituciones del Perú, a que "procurenla estabilidad del país, porque no podemos darnos el lujo de un desgobierno en nuestra Patria".
El Ejecutivo decretó este lunes 12 de diciembre Estado de Emergencia por 60 días en siete provincias del departamento de Apurímac, donde se concentran la mayoría de protestas que piden la destitución de la presidenta Dina Boluarte. En esta región, además, se registra el mayor número de víctimas producto de los enfrentamientos con la Policía Nacional, entre ellos, tres menores de edad.
Pueblos indígenas se movilizan
A través de un pronunciamiento, la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP), representante de 9 organizaciones regionales, 109 federaciones y 2439 comunidades, indicó que respaldarán la decisión autónoma de los pueblos de «declararse en movilización permanente en y desde los territorios amazónicos, hasta lograr la convocatoria de adelanto de elecciones generales», tanto del Ejecutivo como del Congreso.
Así también, desde la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) manifestaron que no se rendirán hasta que, «en un plazo inmediato y con nuevas reglas consensuadas con las organizaciones sociales y las organizaciones representativas de los pueblos y las mujeres indígena», se realicen nuevas elecciones. En esa línea, expresaron no reconocer a la presidenta Dina Boluarte, razón por la cual también saldrán a las calles.
