Papa León XIV firma decretos que reconocen la “ofrenda de vida” del obispo Alejandro Labaka y de la hermana Inés Arango, fallecidos en 1987 durante una misión en territorio tagaeri.
En una región amazónica marcada por la delincuencia y el abandono estatal, misioneras y misioneros de Brasil, Colombia y Perú se reunieron para formarse en derechos humanos. El V Encuentro de la Triple Frontera no solo visibilizó la crudeza de esta realidad, sino que abrió caminos de articulación y esperanza frente a una violencia que ya no se puede normalizar.
Tras más de cuatro décadas de servicio pastoral en el Perú, Robert Francis Prevost ha sido elegido el nuevo sucesor de Pedro, convirtiéndose en el primer Sumo Pontífice con nacionalidad peruana. Su elección marca un momento histórico para la Iglesia universal y llena de esperanza a los fieles peruanos que lo conocieron como obispo, misionero y pastor cercano al pueblo.
Monseñor Alfredo Vizcarra SJ, arzobispo de Trujillo y administrador apostólico del Vicariato de Jaén, denuncia el avance descontrolado de la minería ilegal en territorios amazónicos y exhorta al Estado peruano a asumir con responsabilidad su deber de proteger la vida, el territorio y la paz de las comunidades. “No estamos jugando. Aquí están en riesgo vidas humanas y un modo de vida en armonía con la naturaleza” advierte.
12.00 | 7 de mayo del 2025.- Una grave emboscada vinculada a la minería ilegal conmocionó a las comunidades de Jaén y San Ignacio (Cajamarca) el pasado 25 de abril. Según la Pastoral Social del Vicariato de Jaén, un grupo de ronderos que se dirigía a una protesta pacífica fue interceptado por numerosos sujetos armados y con el rostro cubierto, quienes bloquearon la vía cerca de Huaquillo, dispararon al aire, lanzaron piedras y profirieron amenazas de muerte. La agresión dejó varios heridos y obligó a los ronderos a alzar las manos y usar pañuelos blancos para evitar una tragedia. La movilización respondía a la exigencia de mineros ilegales de apoderarse de las tierras de las comunidades de la región para expandir sus actividades extractivas, a costa de la vida y el consentimiento de los propietarios de ellas.
Lo ocurrido en San Ignacio no es un hecho aislado, sino la expresión más cruda de una realidad que se viene agravando en múltiples regiones de la Amazonía y la sierra norte del país. En Jaén y San Ignacio, territorios tradicionalmente agrícolas dedicados al cultivo de café, arroz y cacao, la minería ilegal ha comenzado a proliferar a un ritmo alarmante. Esta expansión no solo contamina ríos y suelos, sino que también impone un clima de inseguridad y violencia, donde grupos armados intimidan a líderes comunales, ronderos y autoridades locales.
Monseñor Alfredo Vizcarra SJ, administrador apostólico del Vicariato de Jaén y arzobispo de Trujillo, ha sido una de las voces más firmes en denunciar esta situación. En declaraciones recientes para el medio A3R.net, expresó con profunda preocupación: “Estamos viendo cómo la minería ilegal se expande como una plaga. No solo en Jaén y San Ignacio, sino también en Tambo Grande, Condorcanqui, Loreto y otras regiones. Lo más grave es que esto ocurre sin que haya una respuesta clara del Estado. ¿Qué más debemos hacer para ser escuchados? ¿Suplicar, implorar? Aquí no se trata solo de daños ecológicos, sino de vidas humanas y del derecho de los pueblos a vivir en paz y dignidad”.
A pesar de los continuos llamados de alerta hacia las autoridades, la situación no hace más que empeorar: “Los ronderos están siendo amenazados con armas si no entregan sus tierras. Las actividades ilegales avanzan a pasos agigantados porque hay poder económico detrás, y el silencio de las autoridades es cómplice”, comentó Mons. Vizcarra.
Una región que defiende su territorio con dignidad y esperanza
El rechazo a la minería ilegal en la región es firme y masivo. El pasado 5 de marzo, en el marco del Día de la Ecología, más de seis mil personas —entre ellas organizaciones sociales, comunidades campesinas, instituciones educativas y rondas de Jaén, San Ignacio y provincias vecinas— salieron a las calles en una movilización pacífica para exigir respeto a sus territorios y el cese de las actividades extractivas ilegales. En esa jornada histórica, las autoridades regionales y locales firmaron compromisos importantes: crear una fiscalía ambiental en San Ignacio, establecer límites de protección en torno a los ríos (fajas marginales) y fortalecer mecanismos de vigilancia y control ambiental.
Sin embargo, dos meses después, los avances son lentos y las promesas siguen sin materializarse plenamente. Si bien se ha autorizado la creación de la fiscalía ambiental, aún no se ha instalado. Y el proceso de delimitación de las fajas marginales del río Chinchipe enfrenta trabas técnicas y presupuestales: la Autoridad Local del Agua (ALA) señala que no cuenta con suficiente personal ni fondos para realizar el trabajo, y el apoyo del Gobierno Regional de Cajamarca sigue sin concretarse.
“Las comunidades están organizadas, tienen claridad de lo que quieren: preservar su forma de vida, cuidar la tierra, el agua y el futuro de sus hijos. Como Iglesia, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Por eso hemos aceptado participar en el frente de lucha ambiental junto con los ronderos y otras organizaciones. Esto es una causa de justicia y de vida”, afirmó Mons. Vizcarra.
REINFO: un peligroso sistema que legaliza la ilegalidad
La preocupante expansión de la minería ilegal en el país tiene una de sus raíces en la debilidad institucional del Estado y, en particular, en la implementación fallida del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Este mecanismo, creado en 2016 con la intención de formalizar a los pequeños productores mineros, se ha convertido en una vía para operar impunemente bajo una fachada legal. De los más de 87 mil inscritos en el REINFO, solo el 2.4% ha logrado formalizarse. El 79% ha sido suspendido por incumplir con los requisitos mínimos, pero aun así pueden seguir extrayendo minerales, acceder a explosivos y no pueden ser procesados penalmente por minería ilegal.
A pesar de este fracaso evidente, el Congreso de la República aprobó recientemente y por mayoría, con 87 votos a favor, la ampliación del plazo del REINFO hasta junio de 2025, lo cual ha sido duramente cuestionado por organizaciones indígenas, ambientalistas y especialistas en gobernanza minera. Esta decisión, en lugar de frenar la ilegalidad, termina otorgando más tiempo y más poder a quienes atentan contra la vida, el ambiente y la institucionalidad.
La minería ilegal no solo contamina ríos y bosques. También trae consigo delitos graves como la trata de personas, el sicariato, la evasión de impuestos y la corrupción. Es una actividad que erosiona las bases del Estado de derecho y pone en peligro la paz social en muchas regiones del Perú.
Las comunidades están dando un ejemplo de dignidad y compromiso con el futuro, y las autoridades deben estar a la altura. Cuidar la creación no es una opción, es una responsabilidad que nos convoca a todos, y este llamado de los pueblos debe servir como una alerta para las autoridades.
Un modelo de desarrollo que amenaza la vida
Lo que ocurre en Jaén y San Ignacio no es un hecho aislado, sino el reflejo de una crisis nacional: la expansión de la minería ilegal en el Perú ha dejado de ser una actividad marginal para convertirse en una red criminal que avanza impunemente, afectando territorios, destruyendo ecosistemas, quebrando la convivencia social e infiltrando incluso estructuras del Estado. La permisividad legal, expresada en mecanismos como el REINFO, ha favorecido este escenario al postergar indefinidamente procesos de regularización que no han cumplido con sus objetivos y han terminado blindando a quienes operan al margen de la ley.
Las comunidades que se levantan para defender sus tierras, sus ríos y su derecho a vivir en paz están siendo criminalizadas y violentadas. Mientras tanto, los verdaderos responsables continúan avanzando sin freno, amparados en vacíos legales, discursos ambiguos y una profunda indiferencia institucional.
La vida no puede seguir siendo sacrificada por intereses económicos ilegales ni por la inacción de las autoridades. Cuidar el territorio es cuidar la vida. Y eso, en un Estado de derecho, no debería ser negociable.
En el corazón de la selva amazónica, donde los ríos son más que cursos de agua — son caminos de vida, alimento, fe y cultura — empieza a faltar agua. No por ausencia de la naturaleza, sino por el avance de las acciones humanas que desequilibran ciclos ancestrales. Frente a la creciente escasez y contaminación de las fuentes hídricas en la región, la REPAM (Red Eclesial Pan-Amazónica) lanza una alerta: es urgente implementar acciones que protejan este bien común, esencial para la biodiversidad y la supervivencia de los pueblos amazónicos.
En aldeas aisladas del Alto Solimões, por ejemplo, la realidad cotidiana de las comunidades indígenas revela la complejidad de los impactos ambientales y sociales causados por la ausencia de políticas públicas adecuadas. El agua que antes se recolectaba directamente de la naturaleza ahora necesita ser tratada. Y los métodos tradicionales de purificación, como el uso de la semilla de moringa (o moringolfera), se convierten en alternativas sostenibles frente al uso de químicos como el sulfato de aluminio, cuyos efectos secundarios pueden incluir riesgos para la salud como problemas estomacales e incluso enfermedades neurológicas.
La técnica con la moringa, enseñada de forma adaptada a la vida cotidiana de las familias, representa no solo una solución práctica, sino una herramienta de autonomía para estas poblaciones. “La capacitación se realiza con base en medidas simples, como el número de semillas. Esto permite que cualquier persona de la comunidad entienda, se apropie y difunda el conocimiento”, relata Adriana Ribeiro Francisco, Dra. en Ingeniería Agrícola con énfasis en técnicas de tratamiento de agua para pequeñas comunidades.
Junto a esto, la reutilización creativa de botellas PET — abundantes en comunidades donde el consumo de productos industrializados crece — se transforma en una solución. Estas se reutilizan para almacenar y filtrar agua, reduciendo la generación de residuos y dando un nuevo propósito a un material que, sin infraestructura adecuada de recolección selectiva, sería enterrado o quemado, agravando aún más el impacto ambiental.
“Reutilizamos las botellas PET no solo para almacenar el agua tratada, sino también como estructura de filtros caseros. Esto transforma lo que sería basura en solución, respetando la vida cotidiana de las familias y reduciendo el impacto ambiental”, completa Adriana.
Pero las soluciones locales necesitan de apoyo sistémico. La REPAM refuerza que la protección de las aguas amazónicas requiere más que iniciativas aisladas. “Necesitamos garantizar el derecho al agua como un derecho humano, ligado a la salud, a la cultura y a la dignidad de los pueblos de la selva”, afirma la coordinación de la Red.
Entre las acciones propuestas están:
El agua, en la Amazonía, es vida — para las plantas, para los animales, para los rituales, para los sueños. Proteger el agua es proteger la selva. Es proteger a quienes en ella viven y a quienes la cuidan.
Por
REPAM Panamazonía
El Papa Francisco, primer pontífice latinoamericano y figura clave en la renovación pastoral de la Iglesia, falleció en Roma a los 88 años tras varios meses de delicado estado de salud. Deja un legado profundo de fe, justicia y compromiso con los más vulnerables. Su vida pastoral transformó la Iglesia, acercándola a los pueblos, al cuidado de la creación y al clamor de quienes históricamente han sido marginados.
Durante los días 3, 4 y 5 de abril en la Misión Napuruna “Pachayaya”, en Angoteros, Vicariato de San José del Amazonas, Loreto, Perú, se llevó a cabo el Encuentro de Formación de Animadores Cristianos, un espacio de oración, reflexión y compromiso que reunió a 65 participantes de 27 comunidades indígenas del Alto Napo. Este encuentro, enmarcado en la tradición eclesial de la Iglesia sinodal y fraterna, contó con la presencia de los Kuyllur runakuna (animadores cristianos), Apus y mujeres lideresas, quienes caminaron juntos en la profundización de su fe y en la defensa de la Casa Común.
Del 4 al 6 de abril, la ciudad de Jaén fue testigo de un importante encuentro de fe y compromiso juvenil con la realización de la XXXIX Asamblea Nacional de Pastoral Juvenil, organizada por la Conferencia Episcopal Peruana. Este evento reunió a jóvenes de todo el país con el propósito de fortalecer su misión pastoral, compartir experiencias y renovar su compromiso con la Iglesia, en un ejercicio de escucha activa y discernimiento sinodal.
En el corazón de la Amazonía, bajo el amparo de la creación y con el llamado a cuidar la Casa Común, más de treinta mujeres indígenas de diversas edades y comunidades fronterizas de Perú y Colombia se reunieron en un espacio de comunión y diálogo. Unidas por su compromiso con la vida, las participantes —pertenecientes a los pueblos originarios Kichwa, Murui Muina y Siona— compartieron sus memorias de resistencia, reflexionaron sobre la sabiduría ancestral en medicina, agricultura y arte, y renovaron su misión de velar por la dignidad de sus pueblos y la integridad de la creación.
Los Vicariatos Apostólicos de la Amazonía peruana reafirmaron su compromiso con la sinodalidad y la pastoral indígena en las Asambleas Vicariales de febrero, donde se trataron los planes pastorales, la formación de agentes y el trabajo comunitario, enfocándose en la protección de los pueblos indígenas y la Casa Común.