Cada 9 de agosto no solo se recuerda la necesidad de reconocer la riqueza cultural de los pueblos indígenas, sino también sus luchas por justicia, derechos y protección frente a diversas formas de violencia y explotación.
Hoy, 9 de agosto, se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha instaurada por las Naciones Unidas para sensibilizar, dar a conocer y promover los derechos de los pueblos indígenas alrededor del mundo. En este día se hace énfasis en los desafíos que continúa enfrentando esta población, consideraba vulnerable debido a la brecha de acceso a servicios básicos; que está conformada por más de 476 millones de personas a lo largo de 90 países.
En Perú, según la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura, existen 55 pueblos indígenas: 51 en la Amazonía y cuatro en los Andes. Más de dos millones 700 mil personas pertenecen a este grupo, representando alrededor del 8% de la población nacional. Sin embargo, a pesar de este número, tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en la pobreza extrema en comparación con sus contrapartes no indígenas, según las Naciones Unidas.
La situación es particularmente crítica en la Amazonía peruana, donde las comunidades indígenas sufren a diario la invasión de sus territorios y la explotación de sus recursos naturales sin su consentimiento. La falta de titulación de tierras y la poca presencia del Estado en estas zonas, muchas veces de difícil acceso, ha facilitado el ingreso de grupos ilegales que se dedican a la minería, la tala, el narcotráfico y el tráfico de tierras.
La amenaza del oro negro
En Loreto, la región más grande del Perú y la Amazonía peruana, las comunidades indígenas continúan su lucha por el reconocimiento de sus derechos frente a la explotación de hidrocarburos. Desde que Pluspetrol Norte empezó a operar lotes petroleros en este territorio, se han devastado los ecosistemas y puesto en peligro la salud de más de 60 comunidades nativas. Fueron más de 15 años de derrames de crudo que han liberado en sus ríos metales pesados como plomo, cadmio, bario y arsénico.
Foto: PUINAMUDT
Es por eso que, en 2015, la plataforma Pueblos Indígenas Unidos en Defensa de su Territorio (PUINAMUDT), compuesta por los pueblos Quechua, Achuar, Kichwa, Urarina y Kukama, interpuso una demanda contra el Estado peruano y la empresa Pluspetrol Norte en 2015. Las causas fueron la omisión de titulación de territorios comunales y ancestrales, imposición de servidumbres sin consulta previa y la falta de compensación por el uso de sus tierras por parte de la empresa.
La sentencia favorable en primera instancia, emitida en 2021, significaba un avance para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, dos años después, la Corte Superior de Loreto falló en contra de esta primera sentencia. “Aquí no termina nuestra lucha, ahora tenemos que apelar al Tribunal Constitucional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a denunciar en las instancias superiores que correspondan”, aseguró Alfonso López, presidente de la ACODECOSPAT.
Según el informe «La sombra del petróleo», entre los años 2000 y 2019, los lotes petroleros de la Amazonía y el Oleoducto Norperuano han provocado 474 derrames, que han dejado serios impactos ambientales en más de 2,000 sitios contaminados en el territorio de la Amazonía Norte. El estudio revela que el 65% de los derrames fue causado por la corrosión de los ductos y fallas operativas, mientras que el 28% se atribuye a acciones de terceros, responsabilizando principalmente a las operadoras.
Violencia contra la niñez awajún
En la región de Amazonas, el pueblo Awajún enfrenta una lucha constante contra la violencia sexual y la impunidad. Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún Wampís Umukai Yawi, dio a conocer que, del 2010 al 2024, se han registrado más de 520 acusaciones formales contra docentes por abuso sexual a menores en la provincia de Condorcanqui. Pese a las denuncias presentadas, la lideresa alertó que apenas una quinta parte de los acusados fueron sancionados a nivel administrativo.
En junio pasado, a nivel del gobierno peruano, las declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero, y la ministra de la Mujer, Ángela Hernández, generaron indignación a nacional e internacional cuando insinuaron que las violaciones son parte de «prácticas culturales» indígenas. «No vamos a parar hasta detener esta violencia. Hemos denunciado pero no hemos tenido respuesta de las autoridades. Si las mujeres existimos es porque resistimos. No podemos permitir más impunidad”, sostuvo Pioc.
Justicia y protección para defensores
Desde 2013, se han registrado 35 asesinatos de líderes indígenas, de acuerdo con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). La organización indígena lleva años exigiendo al gobierno declarar en emergencia la titulación colectiva de tierras indígenas para enfrentar la inseguridad jurídica y proteger a las comunidades y a los defensores medioambientales de grupos que operan en la ilegalidad.
El asesinato del líder kichwa Quinto Inuma, presidente de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, ocurrido en noviembre de 2023 en la región San Martín, sacó a la luz la grave situación que enfrentan los defensores indígenas en la Amazonía. Inuma contaba con medidas de protección del Ministerio de Justicia tras recibir amenazas por denunciar la invasión de sus territorios desde 2021. Su muerte no hizo más que reflejar la ineficacia del Estado para proteger a los pueblos y comunidades indígenas.
Además, en la región de Ucayali, la violencia contra los defensores indígenas cobró una nueva víctima en julio pasado. El cuerpo del líder kakataibo Mariano Isacama Feliciano fue hallado luego de estar desaparecido por más de 20 días. Según las organizaciones indígenas, que denunciaron desde un inicio la falta de acción por parte del Estado para iniciar con la búsqueda, el crimen estaría relacionado con grupos vinculados al cultivo ilegal de hoja de coca.