A 15 años del Baguazo, las víctimas continúan en búsqueda de verdadera justicia y reparación. Mientras tanto, el Estado persiste en vulnerar los derechos de los pueblos indígenas, propiciando la aparición de nuevos conflictos sociales.
En el decimoquinto aniversario del Baguazo, recordamos los trágicos eventos que marcaron un hito oscuro en la historia de Perú. El 'Baguazo' no solo dejó un saldo de vidas perdidas y graves violaciones de los derechos humanos, sino también reveló la profunda brecha entre el Estado y los pueblos indígenas awajún y wampis, así como la urgente necesidad de abordar las injusticias sociales y ambientales que impactan a los pueblos indígenas.
En el marco de este aniversario, Gil Inoach Shawit, pamuk del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) remarcó que: “Esta fecha es un símbolo de nuestras luchas como pueblos indígenas amazónicos, las mismas que vienen desde tiempos ancestrales. Como gobierno autónomo buscamos rescatar la memoria histórica de nuestros pueblos, preservando y compartiendo los testimonios de los líderes y sabios que lucharon por nuestros derechos”.
El conflicto que estalló en Bagua fue el resultado de una política de inversiones impulsada por el Estado y enmarcada en la ejecución del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Este enfoque, que priorizaba el desarrollo económico a expensas de los derechos indígenas y la protección ambiental, generó una creciente indignación entre las comunidades afectadas.
La pretendida ocupación de una zona protegida en la megadiversa Cordillera del Cóndor, en la zona de El Cenepa, por parte de la minera Afrodita, fue la chispa que encendió la protesta. La minera se negó en repetidas ocasiones a retirarse del territorio indígena, lo que acrecentó la indignación de los pueblos indígenas awajún y wampis. Esto solo demostró la grave desconexión entre las decisiones gubernamentales y las necesidades y preocupaciones de los pueblos indígenas.
El uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades, que culminó en la trágica pérdida de vidas humanas, es un recordatorio sombrío del nulo interés del Estado en proteger y respetar los derechos de todos sus ciudadanos, especialmente de los pueblos indígenas, quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Respecto a la brutalidad policial, José Santos Adrianzén, parte de la asociación de víctimas, familiares y heridos del 5 de junio,comentó: “Fui agredido en Bagua Grande, a la una y media de la tarde. Yo salía a buscar mi almuerzo y la policía me atacó sin razón. Ahora mismo no tenemos apoyo de nadie, yo tengo que conseguir mis medicinas como puedo, el gobierno no se hace cargo”.
Pese a lo ocurrido hace 15 años, en la actualidad se siguen promulgando leyes que favorecen el despojo territorial y vulneran los derechos de los pueblos indígenas. Al respecto, durante una entrevista en Radio Marañón, Segundo Herrera, abogado del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), señaló: “Las comunidades nativas lucharon en el Baguazo para evitar que se promulguen leyes como la actual Ley Forestal. El aprendizaje ha sido poco, de lo contrario no tendríamos una ley como esa que puede provocar conflictos similares”.
Por su parte, Gil Inoach Shawit recalcó: “Para el Estado, los bosques, hogar de los pueblos indígenas, por los cuales luchamos, son un obstáculo para lo que ellos llaman desarrollo. Mediante decretos legislativos, que aprueban con mentiras, el Estado continúa imponiendo normas que nos despojan de nuestros territorios. No confiamos en el gobierno porque no respeta nuestros derechos territoriales. Quieren apropiarse de la Amazonía a como dé lugar”.
A pesar de los años transcurridos desde esta tragedia, la justicia para las víctimas del 'Baguazo' sigue siendo esquiva. Tras estos sucesos se abrieron nueve procesos judiciales que han sido resueltos en su mayoría. Sin embargo, no se han logrado obtener sentencias ejemplares ni reparaciones justas.
En 2016 se condenó a 25 policías por homicidio calificado y lesiones graves. En tanto, en 2018 se dictó la absolución de 53 indígenas acusados por el mismo delito. La sentencia más reciente se dio en 2023 cuando se condenó a dos generales de la policía nacional por ocho de las muertes. En todos los casos, las penas y montos establecidos para las reparaciones civiles no han sido los esperados por las víctimas ni representan sentencias históricas. A la fecha, queda pendiente resolver un último proceso penal que se lleva a cabo en Bagua Grande, en el que familiares de los policías asesinados denuncian al comando policial por homicidio y lesiones culposas. Este proceso sigue en marcha.
Asimismo, el Estado peruano fue declarado como el tercero civilmente responsable de la masacre por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente, existe un proceso penal abierto contra Mercedes Cabanillas Bustamante, ex-ministra del Interior del gobierno de Alan García, y el general PNP Bernabé Garavito Berrocal, ex-jefe de operaciones de la policía, proceso que aún no presenta mayor progreso..
Actividades conmemorativas
En el marco de los 15 años del ‘Baguazo’, la Asociación de víctimas, familiares y heridos del 5 de junio, en coordinación con el CAAAP y el GTAA, organizaron una serie de actividades para recordar a las víctimas de esta tragedia y reflexionar sobre la importancia de continuar implementando acciones en defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas awajún y wampis.
El 1 y 2 de junio, respectivamente, se colocaron 40 cruces en la Curva del Diablo y se realizó una misa conmemorativa. Este 5 de junio se llevará a cabo la bendición de estas cruces. Asimismo, representantes de la asociación de víctimas y del GTAA compartirán sus experiencias tras el ‘Baguazo’, dando a conocer cuáles han sido los impactos de esta tragedia en las comunidades nativas aledañas y cómo ha sido su camino en busca de justicia y reparación.
En esta fecha de conmemoración, instamos al Estado peruano a asumir su responsabilidad y garantizar la protección de los derechos humanos y la dignidad de todos los ciudadanos, en particular de los pueblos indígenas que continúan luchando por el reconocimiento de su territorio, cultura y formas de vida. Los lamentables hechos sucedidos en Bagua deben ser un recordatorio perenne de la necesidad de un diálogo inclusivo, el respeto por los derechos humanos y la justicia para todas y todos.
