La integrante del consejo directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Teresita Antasu, expresó frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las amenazas que enfrentan desde los territorios indígenas ante la falta de atención por parte del Estado. Junto a representantes de las regiones de Loreto, Madre de Dios, Amazonas y Ucayali, este lunes también se dio a conocer las situaciones de vulneración de los derechos humanos de los pueblos amazónicos.
«Desde que empezó la pandemia hasta la fecha, 15 de nuestros hermanos indígenas han sido asesinados. Pese a que hemos hecho denuncias, las acciones estatales no son efectivas. Nos siguen matando. No se identifica ni se sanciona a los responsables. Mucho menos hay reparación para las víctimas y sus familias». Así empezaba su participación Teresita Antasu, miembro del consejo directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), durante la audiencia de este lunes frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En esta comparecencia, que reunió a representantes amazónicos de las regiones de Loreto, Madre de Dios, Amazonas y Ucayali, se dio a conocer la grave situación que enfrentan las comunidades indígenas por la privación de sus derechos y la ausencia del Estado en sus territorios. Se trata de los casos de los derrames de crudo ocurridos entre el 3 y 25 de enero 2016, que generaron la contaminación del río Chiriaco en Amazonas, de la quebrada Cashacaño y del río Morona en Loreto; la contaminación de los ríos a causa de la minería ilegal en Madre de Dios; así como en la concesión del 2017 del Proyecto Hidrovía Amazónica, que afectaría con los dragados y remoción de los suelos a los ríos del Ucayali, Marañón, Huallaga y el Amazonas.
También se abordó el caso de los tres kukama asesinados el 8 de agosto de 2020, durante enfrentamientos con la policía en el Lote 95 de Loreto. James Pérez Pacaya, presidente de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua (AIDECOBAP), exigió justicia para los indígenas fallecidos, pues a más de un año de los hechos, la investigación del Ministerio Público continúa en etapa preparatoria. «Necesitamos encontrar a los responsables de este hecho, porque en una denuncia nos han incriminado diciendo que estuvimos armados. Pero esto se ha visto desvirtuado este año, cuando nos han entregado los videos en la misma Fiscalía Corporativa Penal de Requena. Por todo ello, pedimos encontrar justicia a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», explicó.
Derecho al agua y a los ríos
Por su parte, el representante de ORPIAN, Walter Eusebio Cuñachi, sostuvo que a pesar de que han pasado casi cinco años del derrame de crudo que se produjo en el distrito de Imaza, en la región Amazonas, hasta hoy las principales comunidades indígenas afectadas por la contaminación del río Chiriaco no saben si el agua y los peces son aptos para el consumo humano. Además, el líder indígena señaló que los resultados de los exámenes que se le practicaron a los niños de la zona, que determinarían las dimensiones de la afectación a la salud, todavía no se conocen.
En otro momento, el presidente de FENAMAD, Julio Cusurichi expresó que en la región Madre de Dios el mercurio, elemento utilizado por mineros ilegales para extraer oro de los ríos, continúa siendo un riesgo latente para las comunidades indígenas. En ese sentido, expresó ante la CIDH que el gobierno debe aplicar con urgencia estrategias para enfrentar estos problemas. “Nosotros somos altamente vulnerables a la contaminación. Nuestra dieta alimentaria es el pescado. No solamente el agua sirve para hacer minería, sino que para los pueblos indígenas es sumamente importante, pues se usa para beber, transportarse y pescar”, refirió.
Por otro lado, en febrero de 2016 se produjo un derrame de petróleo en el río Morona, en la región Loreto. Es por eso que las 21 comunidades afectadas por esta situación, representadas por Milton Saquiray Pisuri, de la Federación Organización Única del Morona (NOUM), solicitaron a través de la CIDH contar con un inventario hídrico de las fuentes, quebradas, ríos, cuencas o sub cuencas; realizar la caracterización de la calidad de agua por la cantidad y el volumen que sería apto para las poblaciones; y unificar los anillamientos o criterios sobre la categoría de uso del agua entre el Ministerio de Salud y la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
Hidrovía Amazónica
El presidente de ORAU, Berlín Diques, aprovechó su participación para pronunciarse en contra del proyecto de la Hidrovía Amazónica, y pedir que se anule el contrato para su ejecución por los graves impactos que ocasionaría su ejecución en los ríos de la Amazonía peruana. “Estamos en una emergencia amazónica en este momento (…) los estudios generados por este proyecto indican claramente los grandes impactos que se generarán más adelante. No solamente la pandemia nos ha arrasado con este intento de exterminio, sino también el incremento de narcotráfico”, sostuvo.
En estas denuncias expuestas ante la CIDH, los líderes y lideresas indígenas están siendo acompañados, de manera conjunta, por la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), Cáritas Madre de Dios y la Pastoral de la Tierra del Vicariato Apostólico de Yurimaguas.
