La V Cumbre Amazónica convocó a 98 líderes y lideresas de los nueve países de la Cuenca Amazónica, y a más de 300 participantes de organizaciones indígenas y aliadas, con el fin de articular propuestas para salvar el 80% de la Amazonía hasta el 2025.
La V Cumbre Amazónica de Pueblos Indígenas: Soluciones para una Amazonía Viva, desarrollada del 5 al 6 de septiembre, culminó con la presentación de las propuestas con los principales puntos planteados desde los territorios de los nueve países de la Cuenca Amazónica, para lograr proteger el 80% de la Amazonía al 2025. El evento, organizado por la Coordinadora de la Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), se llevó a cabo en la ciudad de Lima, capital del Perú.
Un total de 98 líderes y lideresas de los nueve países de la Cuenca Amazónica, y más de 300 representantes de organizaciones indígenas y aliadas participaron con el fin de potenciar los esquemas actuales de acción territorial y de la cooperación internacional, y para responder de forma eficiente a las necesidades de sus comunidades, quienes gestionan casi un tercio de la superficie terrestre de la Amazonía. Una región que incluye bosques, ríos y otros ecosistemas importantes.
En la apertura del evento, los líderes de la COICA, junto a científicos de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg), presentaron nuevos datos reveladores que, dan a conocer que el bosque amazónico está inmerso en punto de no retorno por las altas tasas de deforestación y degradación que, combinadas, llegan al 26 por ciento de la región, donde cada día se extinguen 137 especies vivas.
Gregorio Díaz Mirabal, líder de la COICA. Foto: Facebook COICA.
“Los bosques han sido destruidos por un pozo de petróleo, por la minería ilegal, incendios, tala, introducción de monocultivos y ganadería,” mencionó Gregorio Díaz Mirabal, líder de la COICA y líder indigena del pueblo Kurripaco de Venezuela. Además comentó que “Nos estamos acercando a un punto de inflexión peligroso, sin embargo, todavía es posible lograr con nuestros territorios como principales aliados la conservación de la mayor reserva de agua dulce del planeta, un bioma crítico para la supervivencia de toda la humanidad.”
Además, en la V Cumbre Amazónica se presentaron nuevas investigaciones y propuestas de estrategias alineadas con la protección y conservación del bioma amazónico, uno de los ecosistemas más vulnerables e importantes del mundo, con el fin de cumplir con los objetivos climáticos y de biodiversidad globales, vitales para garantizar la seguridad alimentaria y reducir el riesgo de futuras pandemias en el mundo entero.
Plan de acción
Los pueblos indígenas de la Cuenca Amazónica, en conjunto con aliados estratégicos, lideraron un proceso participativo y vinculante, a través de mesas de trabajo alineadas a ejes conformados por las prioridades históricas de los pueblos indígenas en los territorios de los 9 países de la cuenca amazónica, para iniciar el desarrollo de un Plan Estratégico de Acción 2022-2026, a fin de evitar que la región amazónica se acerque a un peligroso punto de no retorno, que convertiría grandes áreas de la Amazonía en una sabana seca.
Foto: COICA
Este plan tiene como objetivo generar soluciones para fortalecer la gobernanza, la gestión territorial de las comunidades indígenas, las políticas para garantizar los derechos humanos, la participación de las mujeres y juventudes indígenas en la estructura organizativa; así como el desarrollo estratégico de alianzas para la sostenibilidad financiera y operativa de la COICA y sus organizaciones de base.
Su desarrollo marca un paso crítico en el proceso que se inició hace un año, cuando en el Congreso de la UICN en Marsella, los miembros de la UICN votaron abrumadoramente a favor de la expansión de los derechos territoriales de los pueblos indígenas para proteger el 80 % de los bosques de la región para 2025. Y es que, para la COICA es fundamental el reconocimiento legal y legítimo de los derechos colectivos, individuales y territoriales de los pueblos indígenas.
XI Congreso
La V Cumbre Amazónica fue la antesala al XI Congreso de la COICA, que se viene realizando del 7 al 9 de septiembre. Se trata de un proceso propio de los pueblos indígenas para el fortalecimiento de la estructura organizativa a nivel regional y desde los mismos territorios, que les permite ser los protagonistas de un cambio transformador en beneficio de los pueblos y toda la humanidad.
Al final del XI Congreso, se espera que los líderes y lideresas presentarán el plan de acción final para proteger el 80% de la Amazonía para 2025, validado por el Consejo de Gobierno de la COICA, una meta que va mucho más allá de lo que los gobiernos de la región se han comprometido como parte de un esfuerzo global para conservar el 30 por ciento del planeta para 2030.
A través de la red de tambos solidarios que el Vicariato Apostólico de Jaén ha trazado en ocho de sus parroquias se constata que, a menudo, las familias con una alimentación deficiente luchan contra varias situaciones difíciles que se entrelazan.
Cuando Pilar visita alguna de las ocho parroquias donde el Vicariato de Jaén tiene instalados sus ‘tambos’, espacios de apoyo social donde, entre otras actividades, se ayuda con víveres y se brindan talleres de hábitos de vida saludable, siempre incide en lo que considera principal: “Les insisto en que lograr una buena nutrición para su familia está en sus propias manos”. Y el por qué es bastante evidente. “Algunos prefieren vender los huevitos que producen sus gallinas y, en lugar de consumirlos, compran fideos, atún o gaseosa; otros incluso venden la leche de su vaquita y al día siguiente van a comprar un tarro de leche en lata”, explica. Es Pilar Tafur, licenciada en Enfermería y coordinadora de la pastoral de salud del Vicariato Apostólico de Jaén.
A raíz de la pandemia, esta institución, como otras, percibió el gran vacío institucional que existe en lo relativo a la alimentación de los más humildes y evidenció lo que, técnicamente, se conoce como ‘grandes brechas sociales’. De inicio con una política asistencial (entregar bolsas y canastas de víveres básicos como arroz, atún, legumbre o aceite), con el paso de estos dos últimos años el enfoque se ha readaptado desde lo que, al inicio, fue una emergencia humanitaria. Ahora se sigue apoyando a familias vulnerables con productos, pero insertando un componente educativo. “A los beneficiarios (más de 550 en total), se les habla sobre las dietas balanceadas y, a partir de un recetario ya elaborado y planificado con productos de la zona, se hacen demostraciones, se cocinan platos saludables y muy nutritivos con ellos”, detalla Tafur. Se pretende, desde la práctica, llevar a la reflexión y en última instancia a una mejora de las costumbres culinarias. Conocimientos que también se intentan afianzar con la emisión de spots y programas en Radio Marañón, propiedad del vicariato, estación radial muy seguida en toda la provincia y especialmente en el ámbito rural.
Como sanitaria, Tafur percibe la situación con una visión integral y asegura que las deficiencias nutricionales van de la mano con ciertas debilidades en salud mental. Deficiencias con raíces muy profundas. “Cuando voy a las casas más alejadas lo que más me impacta es cuánto les afecta, en su forma de alimentarse, su situación afectiva. Vas, hablas, y en la mayoría de los casos empiezan a brotar conversaciones relativas a violencia en el hogar, ya sea entre esposos o de hijos a padres. El hecho de que una familia se desintegre tiene mucha relación con el descuido y la pasividad hacia una buena nutrición”, comenta. Por eso en el ámbito rural muchas de las beneficiaras del proyecto que ejecutan con el apoyo del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), Pórticus y otras instituciones aliadas, son madres solteras y/o abandonadas con varios niños pequeños a cargo. Viven en pueblitos y caseríos alejados, a veces a varias horas de camino a pie, y el trabajo en el campo es su único recurso.
Por eso, tras hacer un diagnóstico de las necesidades y fortalezas, la pastoral de salud del Vicariato de Jaén cree que en los próximos meses habría que dar un paso más: impulsar biohuertos familiares. “Es una voz unánime que nos marca la misma dirección. En todas las zonas que voy manifiestan que quieren que les instruyan bien en cómo sembrar mejor, cómo y qué abonos utilizar y en criar animales con más garantía de éxito”, explica Tafur, “necesitaríamos que nos brinden semillas y también contar con algún personal experto en esos temas, algún ingeniero, agrónomo, forestal… que se integre a nuestro equipo”.
Si difícil es la situación de las madres jóvenes, no es mejor la de cientos de adultos mayores hallados en situación de semi-abandono y con unas enormes carencias nutricionales. Y es que los ancianos son, a menudo, y especialmente en los contextos urbanos, los grandes olvidados. Pareciera que eran invisibles y la Covid-19 nos hubiera hecho abrir los ojos y voltear la mirada hacia ellos. Un fenómeno que se ha dado a nivel mundial y que en Jaén se evidencia en las dos parroquias de la ciudad que están incluidas en los tambos solidarios: San Francisco de Asís y Morro Solar. “El padre Walter Crispín, por ejemplo, reparte cada 15 días canastas a un promedio de 100 adultos mayores que han sido abandonados por sus hijos o que, directamente, no tienen familia”, relata Tafur, “la situación en que los encontró es realmente dura, se merecen todo el apoyo porque ellos sí ya no están en situación de trabajar la tierra”.
Una tierra que, en esta zona, llamada coloquialmente como ‘ceja de selva’ por estar en un punto de entrada a la Amazonía, regala alimentos como la vituca, un tubérculo parecido a la yuca, rico en carbohidratos y fibra y del que se pueden elaborar varios derivados. También está la arrachaca. De ambos se pueden hacer harinas y tortitas muy interesantes desde el punto de vista nutricional. Ideales para combinarse con espinacas, brócoli o cebolla china, que se cultivan con relativa facilidad.
Un proceso que va de lo asistencial (brindar alimentos) a lo productivo (sembrar, cultivar y cocinar) pero que, en el camino, necesita una gran cucharada repleta de sensibilización. Y no es casualidad. La educación es la base para el desarrollo integral que los más vulnerables solicitan. Una petición que ni tan siquiera debería existir porque ya es, de por sí, un derecho reconocido internacionalmente: el derecho a la alimentación.
A través de un pronunciamiento, pidieron una transición política para buscar una salida a la "profunda crisis actual" y a la lucha interna entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, que daña la democracia generando división y conflicto.
La Conferencia Episcopal Peruana hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad civil a buscar por medio de los cauces democráticos "el restablecimiento de la gobernabilidad y la paz" en el país. En medio de lo que calificaron como "un momento de profunda crisis social y política", expresaron que aún se está a tiempo para trabajar juntos tomar rumbo hacia un proyecto de país con un auténtico compromiso para el desarrollo humano integral.
A través del pronunciamiento publicado el jueves 18 de agosto, los obispos del Perú resaltaron que es urgente buscar y constituir canales efectivos de articulación y diálogo entre el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y la Sociedad Civil, para garantizar la gobernabilidad y el bien común. "El consenso social pide dar paso a una transición política que busque urgentemente una salida a la profunda crisis actual, priorizando la necesaria reforma política pendiente", agregaron.
Asimismo, apuntaron que es necesario defender la "institucionalidad democrática" y que los gobernantes respeten a los gobernados como verdaderos ciudadanos. "La ciudadanía no merece ver los espectáculos de enfrentamiento en y entre los poderes públicos, especialmente del Ejecutivo y Legislativo, pues la confrontación permanente profundiza su deslegitimación y la ciudadanía ya no se siente representada por ellos. Por el contrario, deben enfocarse en el cumplimiento de la ley y dar testimonio de ello".
Contra la corrupción
En el documento que suscriben los obispos peruanos, se menciona además que "es vergonzoso y decepcionante" que, de acuerdo al informe del Latinobarómetro en 2021, el Perú sea uno de los cuatro países que registran el mayor índice de percepción de corrupción en América Latina. En ese sentido, hicieron énfasis en las palabras del Papa Francisco durante su visita en 2018, cuando dijo que "la corrupción es un cáncer que lo infecta todo” e impacta, a su vez, en el alto índice de la pobreza.
Y es que, para el año 2022, las cifras han alcanzado al 27.5% de la población peruana. De esa manera, "con los "alarmantes niveles de descomposición política, social, económica y moral" se afecta también la vida de las personas en aspectos como la alimentación, la educación y el empleo; a los cuales se unen la desconfianza de un gran porcentaje de la población, la pérdida de credibilidad y de gobernabilidad.
Finamente, la Conferencia Episcopal Peruana instó a las autoridades a enfocarse en el cumplimiento de la ley y a dar testimonio de ello. "Deben facilitar las investigaciones en curso sobre la corrupción que llevan a cabo el Ministerio Público y el Poder judicial", reiterando su compromiso para contribuir a seguir caminando para alcanzar una buena gobernabilidad y el bien común. "La Iglesia Católica, en fidelidad a Dios y a laspersonas, ha estado, está y estará siempre dispuesta a colaborar por el bien de nuestro querido Perú".
En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la coordinadora de Derechos Humanos de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), Lily Calderón, expresó ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) la preocupación que existe por las amenazas que enfrentan los pueblos de la Panamazonía y las iniciativas que se articulan desde la red para buscar soluciones.»¡Para que todos los días sea 9 de agosto!».
«La Panamazonía presenta numerosos y complejos desafíos (…) es un territorio cada vez más devastado y amenazado. Los grandes proyectos extractivos, los monocultivos y el cambio climático ponen en grave riesgo el entorno natural, amenazan la dignidad y la autodeterminación de los pueblos». Son las palabras de la coordinadora de Derechos Humanos de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), Lily Calderón, expuestas ante la el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) hoy, 9 de agosto, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y de la Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas.
Ante la presidenta y el secretario general de la OEA, la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para las cuestiones indígenas, y las autoridades y representantes de los distintos gobiernos presentes, la representante de la REPAM sostuvo que hoy el desafío que enfrentan como Red para acompañar a los pueblos indígenas es mucho mayor debido a la presión generada sobre el territorio de los nueve países que conforman la Panamazonía. “La Iglesia no está en la Amazonía como quien tiene hechas las maletas para irse después de explotarla. Desde el principio está presente en ella con misioneros, congregaciones religiosas, sacerdotes, laicos y obispos, y su presencia es determinante para el futuro de la zona y eliminar las desigualdades históricas».
Calderón sostuvo también que, como respuesta a las amenazas en el territorio panamazónico, desde 2016, se empezó a implementar escuelas para la promoción, defensa y exigibilidad de los derechos humanos para formar a líderes y lideresas en estos temas. Formación que se llevó a cabo el mes pasado en Manaos, Brasil, en su tercera edición, con la presencia de 26 líderes y lideresas de seis países. “Como Red tenemos el compromiso con la defensa de los derechos humanos y particularmente de los derechos de los pueblos indígenas, ribereños, pobladores urbanos y afro-descendientes; el respeto y cuidado por el medio ambiente en la Amazonía; la incidencia en políticas públicas de carácter local, nacional e internacional a favor de la Panamazonía”, destacó Calderón.
Asimismo, detalló que la REPAM también realiza la labor del análisis del contexto, de la realidad y de la coyuntura panamazónica, mediante la publicación de informes regionales producto de las escuelas, en la que se plasman propuestas de desarrollo con el fin de buscar, en conjunto con las comunidades y pueblos, soluciones que dignifiquen sus vidas. “Desde su fundación en 2014, nuestra Red ha ido creando acuerdos y convenios con diversos espacios: la CIDH, relatorías de Naciones Unidas… para así poder unir fuerzas en la lucha contra las vulneraciones de los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza”, manifestó la representante de la REPAM.
Declaración conjunta OEA – REPAM
Precisamente, el 8 de agosto, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Red Eclesial Panamazónica firmaron una declaración conjunta llamando a la urgente protección de la Amazonía y de sus pueblos. En la ceremonia de firma realizada en Washington estuvieron presentes Luis Almagro, secretario general de la OEA, y Mons. Juan Antonio Cruz Serrano, Observador Permanente de la Santa Sede ante la OEA, en representación del Card. Pedro Barreto, presidente de la REPAM.
Un hecho histórico, pues se trata de la primera vez que la OEA hace una declaración sobre la situación de las comunidades y pueblos en la Amazonía. Con el título, “Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, el documento resalta la importancia de los pueblos indígenas para la protección de la Amazonía, sus derechos y los riesgos que enfrentan ante las amenazas que vienen sufriendo por agresiones, lesiones, asesinatos, enfermedades, hambrunas y expulsión de sus territorios.
Foto: Juan Manuel Herrera/OAS
Sobre este asunto, Lily Calderón reafirmó que existe el compromiso y la profunda preocupación por los pueblos que conforman América. «Dentro de la misma se incluyen propuestas para los Estados hoy aquí presentes: la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú, que se garantice el territorio y cuanto recurso existe sobre él; la salud, el acceso al agua limpia y la participación plena. Asimismo, en igual sentido, se acojan todas las recomendaciones incluidas en nuestro 2º Informe de vulneración de DDHH», puntualizó.
«Nos esforzamos cada día para estar en las pequeñas luchas y esperanzas de los pueblos y comunidades indígenas, con quienes queremos echar nuestra suerte. ¡Para que todos los días sea 9 de agosto!», finalizó la coordinadora de Derechos Humanos de la REPAM.
«La Panamazonía presenta numerosos y complejos desafíos (…) es un territorio cada vez más devastado y amenazado. Los grandes proyectos extractivos, los monocultivos y el cambio climático ponen en grave riesgo el entorno natural, amenazan la dignidad y la autodeterminación de los pueblos». Son las palabras de la coordinadora de Derechos Humanos de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), Lily Calderón, expuestas ante la el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) hoy, 9 de agosto, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y de la Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas.
Ante la presidenta y el secretario general de la OEA, la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para las cuestiones indígenas, y las autoridades y representantes de los distintos gobiernos presentes, la representante de la REPAM sostuvo que hoy el desafío que enfrentan como Red para acompañar a los pueblos indígenas es mucho mayor debido a la presión generada sobre el territorio de los nueve países que conforman la Panamazonía. “La Iglesia no está en la Amazonía como quien tiene hechas las maletas para irse después de explotarla. Desde el principio está presente en ella con misioneros, congregaciones religiosas, sacerdotes, laicos y obispos, y su presencia es determinante para el futuro de la zona y eliminar las desigualdades históricas».
Calderón sostuvo también que, como respuesta a las amenazas en el territorio panamazónico, desde 2016, se empezó a implementar escuelas para la promoción, defensa y exigibilidad de los derechos humanos para formar a líderes y lideresas en estos temas. Formación que se llevó a cabo el mes pasado en Manaos, Brasil, en su tercera edición, con la presencia de 26 líderes y lideresas de seis países. “Como Red tenemos el compromiso con la defensa de los derechos humanos y particularmente de los derechos de los pueblos indígenas, ribereños, pobladores urbanos y afro-descendientes; el respeto y cuidado por el medio ambiente en la Amazonía; la incidencia en políticas públicas de carácter local, nacional e internacional a favor de la Panamazonía”, destacó Calderón.
Asimismo, detalló que la REPAM también realiza la labor del análisis del contexto, de la realidad y de la coyuntura panamazónica, mediante la publicación de informes regionales producto de las escuelas, en la que se plasman propuestas de desarrollo con el fin de buscar, en conjunto con las comunidades y pueblos, soluciones que dignifiquen sus vidas. “Desde su fundación en 2014, nuestra Red ha ido creando acuerdos y convenios con diversos espacios: la CIDH, relatorías de Naciones Unidas… para así poder unir fuerzas en la lucha contra las vulneraciones de los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza”, manifestó la representante de la REPAM.
Declaración conjunta OEA – REPAM
Precisamente, el 8 de agosto, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Red Eclesial Panamazónica firmaron una declaración conjunta llamando a la urgente protección de la Amazonía y de sus pueblos. En la ceremonia de firma realizada en Washington estuvieron presentes Luis Almagro, secretario general de la OEA, y Mons. Juan Antonio Cruz Serrano, Observador Permanente de la Santa Sede ante la OEA, en representación del Card. Pedro Barreto, presidente de la REPAM.
Un hecho histórico, pues se trata de la primera vez que la OEA hace una declaración sobre la situación de las comunidades y pueblos en la Amazonía. Con el título, “Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, el documento resalta la importancia de los pueblos indígenas para la protección de la Amazonía, sus derechos y los riesgos que enfrentan ante las amenazas que vienen sufriendo por agresiones, lesiones, asesinatos, enfermedades, hambrunas y expulsión de sus territorios.
Foto: Juan Manuel Herrera/OAS
Sobre este asunto, Lily Calderón reafirmó que existe el compromiso y la profunda preocupación por los pueblos que conforman América. «Dentro de la misma se incluyen propuestas para los Estados hoy aquí presentes: la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú, que se garantice el territorio y cuanto recurso existe sobre él; la salud, el acceso al agua limpia y la participación plena. Asimismo, en igual sentido, se acojan todas las recomendaciones incluidas en nuestro 2º Informe de vulneración de DDHH», puntualizó.
«Nos esforzamos cada día para estar en las pequeñas luchas y esperanzas de los pueblos y comunidades indígenas, con quienes queremos echar nuestra suerte. ¡Para que todos los días sea 9 de agosto!», finalizó la coordinadora de Derechos Humanos de la REPAM.
Un hecho histórico: es la primera vez que la OEA hace una declaración sobre la situación de las comunidades y pueblos de la Amazonía. El documento, publicado conjuntamente com a REPAM, destaca la importante presencia de los pueblos amazónicos para el cuidado de la Amazonía y aborda la urgencia humanitaria y ambiental que vive este bioma para la humanidad entera.
Por:Comunicaciones REPAM
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) y la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), firmaron en la mañana del 8 de agosto una declaración conjunta llamando a la urgente protección de la Amazonía y de sus pueblos indígenas, quilombolas (afrodescendientes) y ribereños.
En la ceremonia de firma realizada en Washington estuvieron presentes el sr. Luis Almagro, Secretario General de la OEA, y Mons. Juan Antonio Cruz Serrano, Observador Permanente de la Santa Sede ante la OEA, en representación del Card. Pedro Barreto, presidente de la REPAM.
Cabe destacar que es la primera vez que la OEA hace una declaración sobre la situación de las comunidades y pueblos en la Amazonía.
Contenidos de la Declaración
La Declaración destaca la “Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, de la OEA. A partir de ahí, resalta la importancia de los pueblos indígenas para la protección de la Amazonía, sus derechos y los riesgos que enfrentan ante las amenazas que vienen sufriendo por agresiones, lesiones, asesinatos, enfermedades, hambrunas y expulsión de sus territorios.
A seguir, en el ámbito de aplicación de la presente Declaración Conjunta, destacan la necesidad de abordar y afrontar “la urgencia humanitaria y ambiental que hoy en día vive la Amazonía”, que amenazan a la supervivencia, el equilibrio ecológico y la pérdida de cosmovisión de los pueblos amazónicos.
Por fin, OEA y REPAM enumeran algunas “recomendaciones urgentes y prioritarias para los Estados de la región, con base en el contenido del 2º Informe Regional de Vulneración de Derechos en la Panamazonía de la REPAM”:
En cuanto a los derechos de vivir sin discriminación ni amenazas, invitando a los Estados a ratificar y lleva a la práctica del Acuerdo de Escazú, y a elaborar e implementar protocolos para la protección de personas defensoras de derechos humanos.
En cuanto al derecho a la tierra y a la utilización de sus recursos, se pide “garantizar la seguridad jurídica de los territorios indígenas”, “priorizar la inversión en la gestión del territorio y el medio ambiente”, “fortalecer las instituciones encargadas de vigilar, supervisar y fiscalizar las acciones que atentan contra el medio ambiente” y “generar condiciones y espacios seguros para el desarrollo de la participación ciudadana en materia ambiental, de ordenamiento y planeación territorial”.
Con respecto al reconocimiento del derecho humano al agua, se pide desarrollar políticas públicas “para el reconocimiento y protección del derecho al agua, visto desde un enfoque intercultural” y “universalizar el acceso a agua potable, saneamiento y el manejo de ecosistemas de agua dulce”.
Sobre el derecho a la salud, se pide “fortalecer la capacidad de respuesta del sector salud con enfoque de derechos y con respuestas integrales a la emergencia”, invitando a “elaborar un plan estratégico de respuestas, coordinada y ampliada ante la crisis sanitaria de la Covid-19”.
Presentación de casos de violación en la Escuela de Derechos Humanos – Foto: Tadeu Rocha
OEA y REPAM
La Organización de los Estados Americanos (OEA) es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890. Fue creada en 1948 cuando se subscribió, en Bogotá, Colombia, la Carta de la OEA que entró en vigor en diciembre de 1951. Tiene el objetivo de lograr en sus Estados Miembros, que hoy día reúne a 35 Estados de las Américas, “un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia” (Carta OEA, art.1). Sus principales pilares que son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo.
La Red Eclesial Panamazónica (REPAM) es un organismo eclesial nacido en 2014 como resultado del camino recorrido por la Iglesia Católica en la Amazonia. Como Red, cultiva, cuida y fortalece procesos horizontales con los pueblos y organizaciones eclesiales y sociales de la Amazonía y de otros territorios, les acompaña ante la vulneración de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza y su denuncia e incidencia política; y promueve encuentros comprometidos y sensibles que también son capaces de mover otras esferas de concientización.
Informe de Derechos Humanos
A finales de abril y mayo, la Presidencia y representantes del Núcleo de Derechos Humanos de la REPAM realizaron una gira internacional presentando el “II Informe Regional de Vulneración de los Derechos Humanos en la Panamazonía. Tejiendo redes de resistencia y lucha en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela” ante las Naciones Unidas en Nueva York, y la OEA y CIDH en Washington. En el marco de estas visitas, el 2 de mayo se mantuvo una reunión con el Secretario General de la OEA, sr. Luis Almagro, donde se acordó la publicación de una declaración conjunta sobre la dramática situación de la Amazonía y sus pueblos.
Foto: Reunión realizada entre miembros de la REPAM y la OEA en mayo de 2022
El segundo informe sobre la vulneración de los derechos humanos en la Panamazonía, publicado en marzo de 2022 por la REPAM, es fruto de los casos presentados en el marco de la segunda Escuela de promoción, defensa y exigibilidad de los Derechos Humanos, realizada en 2018, en Jaén – Perú. La Escuela de Derechos Humanos de la REPAM es una iniciativa que reúne a líderes de pueblos indígenas y comunidades tradicionales de la Panamazonía, con el objetivo de proporcionar herramientas educativas que ayuden a formalizar las denuncias sobre violaciones de derechos humanos ocurridas en el territorio amazónico
Conozca y lea aquí la Declaración Conjunta 2022 sobre la Protección de la Amazonía y sus Pueblos Indígenas, Quilombolas (afrodescendientes) y Ribereños
La delegación peruana, presente en el X FOSPA Brasil, llevó a lideresas y líderes que pudieron reflexionar y compartir sus propuestas y experiencias en defensa de la Amazonía y de sus pueblos en la ciudad de Belém Do Pará.
“Nadie puede vivir sin agua. Pero frente al abandono por parte del Estado, la gente debe continuar consumiendo el agua de los ríos contaminados con petróleo. Con esa agua hacen su chapo, su masato, de ahí sacan sus peces. Es una realidad tan cruel”. Rusbel Castornoque, sabio y líder del pueblo Kukama, narra así la realidad que viven los pueblos indígenas de Loreto, afectados por cincuenta años de actividad petrolera, durante el X FOSPA Brasil, realizado del 28 al 31 de julio en la ciudad de Belem Do Pará.
Frente a una multitud que reúne a líderes y lideresas indígenas de los nueve países de la Panamazonía, y en representación de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), Rusbel cuenta las graves consecuencias en la salud que hoy viven las comunidades de Loreto. “La extracción de petróleo nos trajo desgracia en la vida. Ahora todos estos pueblos tienen metales pesados en su sangre. Tienen enfermedades que no se conocen, no saben con qué curarlas, y tienen que morir lentamente. Es inhumano”.
Ancianos, niños, niñas y adultos vieron peligrar la seguridad alimentaria en sus comunidades. Denunciaron esta situación, pero nada cambió. “¿Qué dice el gobierno peruano? Que en los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón se ha controlado la contaminación. Pero es mentira”, señala Rusbel. “Nos dejaron sin peces, sin animales, porque vamos al monte a cazar y esos animales no sirven para el consumo. Ahora se debe ir a Iquitos y llevar los alimentos desde allí”.
De acuerdo al líder indígena, son más de cincuenta aguajales muertos del río Marañón, ubicados dentro de la Reserva Pacaya Samiria, en la zona por donde pasa el oleoducto Norperuano. “Si entras por ahí, sale tu pie manchado de petróleo”, detalla Rusbel. “Pero lo que dice el gobierno peruano es que los indígenas han ido con sus hachas y han roto las tuberías, lo que es mentira. Lo que sucede es que se rompen porque están viejas, tienen más de cuarenta años y nunca han sido renovadas”.
Resistencia Kichwa
En la región San Martín, territorio de indígenas Kichwa, Awajún y Shawi, si bien el contexto es distinto, se comparte el mismo abandono y desinterés por atender las demandas de los pueblos amazónicos. La líderesa de la Federación de Pueblos Indígenas Kechua Chazuta Amazonas (FEPIKECHA), Marisol García Apagueño, así lo advierte. “Estamos preocupados porque se han creado dos áreas de conservación, pero sin consulta previa, cuando nosotros lo único que hacemos es aprovechar de manera sostenible los recursos que hay”.
Tal es el caso, señaló, del Parque Nacional Cordillera Azul, creado en el 2011, y con un proyecto REDD+ desde el 2008 en los bosques Kichwa, el cual viene generando una enorme cantidad de ingresos económicos que se quedan en las manos del Estado y de una organización, apunta. «Nosotros los Kichwa hemos sido excluidos de la participación plena y efectiva en la toma de decisiones de la gestión del Parque y del proyecto, y tampoco accedemos a los beneficios que se generan».
De acuerdo a la lideresa indígena, casi ninguna comunidad conoce cómo funciona este proyecto de carbono, y tampoco les llamaron para diseñar, implementar, gestionar o monitorear este proyecto. «Nos siguen invisibilizando. Las soluciones basadas en la naturaleza no es algo nuevo, es un modelo de vida que han promovido nuestros abuelos y abuelas desde hace cientos de años, pero ahora son vistas como formas de legalizar la contaminación y generar riquezas desde nuestros bosques para unos pocos. Solo nuestra resistencia del corazón verde podrá guiar esta forma de relación con la naturaleza y las verdaderas soluciones al cambio climático», añade.
Asimismo, refiere que en las comunidades de San Martín, las mujeres han iniciado emprendimientos sostenibles como la biojoyería, actividades que dan valor agregado a los frutos que se encuentran en territorio amazónico. “Las demandas son justas, el impacto que crean en los pueblos indígenas las grandes empresas no se está retribuyendo. Vamos a luchar por los derechos de los niños y niñas, recuperar nuestro buen vivir. Pedimos una resistencia activa, y para eso debemos alzar nuestra voz”, narra la lideresa kichwa.
Representantes de nueve países que conforman la Panamazonía, reunidos del 28 al 31 de julio en el X Foro Social Panamazónico, emitieron la Declaración Panamazónica de Belém para el cuidado de la Amazonía y sus pueblos.
Veinte años después de que se celebrara el I Foro Social Panamazónico, una iniciativa impulsada con la esperanza por “otro mundo posible”, los pueblos indígenas, negros, quilombolas, campesinos, ribereños y urbanos de los nueve países de la cuenca amazónica han emitido la Declaración Panamazónica de Belém. El documento trabajado durante el X FOSPA, realizado en Brasil del 28 al 31 de julio, recoge las voces y el sentir de estos pueblos frente a la devastación de la Amazonía.
En la Declaración se hace un llamado a los gobernantes y autoridades para exigir un «modelo político, social y económico que priorice la integridad de nuestra casa común, que reconozca y respete los territorios y el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos amazónicos y los derechos de la Naturaleza». Asimismo, se pide recuperar, valorizar y proteger los saberes de hombres y mujeres y formas de organización ancestrales de los pueblos para el cuidado y la gestión del agua, la protección de sus territorios, que incluyen ríos limpios y libres de megaproyectos.
Asimismo, se exige ratificar la importancia de las iniciativas de acción como instrumentos de movilización para lograr los objetivos del proceso Foro Social Panamazónico, como lo son el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, la autodeterminación y el autogobierno, la consulta y consentimiento previo, libre e informado, entre otros. «Solo es posible generar procesos de transformación si nuestras organizaciones de la Panamazonía nos adherimos y articulamos en estas acciones», se lee en el documento.
Por otro lado, se plantea declarar el Estado de Emergencia Climática en la Panamazonía y su cumplimiento permanente para permitir su restauración activa y la protección de su biodiversidad, en coordinación con los pueblos amazónicos. «Los avances hacia un cambio de paradigma serán nuestra mejor herencia. Este demandará la transferencia de significativos recursos para la restauración y cuidado de la Cuenca», señala la Declaración Panamazónica de Belém.
A continuación, lee el documento de forma íntegra:
Este año el gobierno peruano ha retirado el presupuesto para alimentación de los internados rurales, que posibilitan el acceso a la educación secundaria a los adolescentes procedentes de las zonas más alejadas y pobres... justo aquellos que, durante la pandemia, no pudieron estudiar por no tener conectividad
Por: P. César Luis Caro, vicario general de San José del Amazonas
Cuando vi salir al chibolo a patear el penal decisivo, lo presentí: “Ya fuimos” – dije, mientras el arquero australiano hacía molinos con sus brazos. Mirábamos el repechaje al mundial en el internado de Estrecho, con los diez o doce chicos y chicas residentes, entre risas adolescentes y comiendo canchita. “No quiero verlo” - dijo Yanitza, y se fue.
¿Por qué tan pocos muchachos en un internado que normalmente recibe a más de 80 estudiantes de secundaria? Porque este año el gobierno no ha dado el presupuesto habitual para alimentación, sino que ha decidido que los alumnos coman con lo que llega por Qali Warma. Algunas someras explicaciones bastarán para entender la dimensión de esta barbaridad e injusticia.
En todo el Perú los internados están ubicados en ciudades o cabeceras de distrito, y reciben chicos y chicas de entre 11 y 17 años de zonas rurales pobres y alejadas, a quienes así se les posibilita estudiar la secundaria. El Estado proporciona hospedaje, manutención, reforzamiento escolar y asistencia, garantizando así el derecho a la educación de los jóvenes con menos oportunidades. Hay una partida para alimentos, otra para sueldos de los profesores y cuidadores, para mantenimiento de los edificios, etc.
En 2020 y 2021 los internados estuvieron cerrados por pandemia; la enseñanza fue virtual casi todo ese tiempo. Los alumnos de ríos y quebradas remotos, en comunidades donde no hay conectividad, sencillamente no pudieron estudiar; no tenían whatsapp, ni radio, ni tele… Dos años escolares perdidos para los muchachos más pobres. Justo el año siguiente, este 2022, el gobierno, en lugar de apostar fuerte por ayudar a estos rezagados a igualarse en nivel académico… quita a los internados la dotación para comida. Así de fuerte.
Pero no hay problema, porque se alimentan con Qali Warma. Según su web institucional, El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma “garantiza la alimentación de los estudiantes de colegios públicos del país durante el año escolar,de acuerdo con sus características y las zonas donde viven. Contribuimos a mejorar la atención de los estudiantes durante las horas de clases, el aprendizaje, la asistencia escolar y los hábitos alimenticios, así como a promover la participación y la corresponsabilidad de la comunidad local”.
Bellas teorías, pero vamos a la realidad. Ahora estamos en el internado de Islandia, río Yavarí, sacando fotos de los víveres de los que disponen gracias a Qali Warma: arroz, alverjas, conservas de atún y de pavo, fideos, avena, algún frejol… Lo mismo que una familia lleva a la casa por su hijo colegial, lo recibe el internado por cada uno de sus alumnos. Es decir, nada de productos frescos: nada de huevos, pollo, verduras, carne de res, pescado, fruta… Se tienen que apañar solo con alimentos envasados y secos.
La señora Juanita, la cocinera, me cuenta que se ven obligadas a tratar de vender algunas cosas para comprar al menos tomate o papas; o cambiar en las bodegas paquetes de lentejas o galletas por ají dulce, culantro… o sal. ¡No tienen condimentos, ni siquiera sal para preparar la comida! Las toronjas que se ven en la imagen las ha traído un papá de las comunidades.
En la noche, cuando pregunto a los chicos qué tal les va en el internado, la respuesta es unánime: “Bien, solamente lo más peor la comida”. No se puede comer todos los días lo mismo, aunque el ingenio de las cocineras sea incalculable. Es un insulto pretender que estos muchachones estudien y crezcan sin carne, pescado, fruta o huevos. Tampoco tienen agua, se van a bañar al río… pero ese es otro rubro.
“Visión: Ser un programa eficiente, eficaz y articulado, que fomenta el desarrollo humano a través del servicio alimentario de calidad, en gestión conjunta con la comunidad local”. Vaya chiste en Loreto, donde el dato de anemia y desnutrición infantil rebasa la escalofriante cifra del 50%. Pero no hay miedo, porque cuentan con leche evaporada marca Gloria… supongo que saben que en la Amazonía hay mucha intolerancia a la lactosa, que la leche está ausente de su dieta desde la noche de los tiempos, pero les da igual, con tal que la empresa correspondiente haga el negociazo de vender toneladas de leche al Estado para Qali Warma.
Escribo esto el 28 de julio, día de fiestas patrias. Felicidades Perú, país paradójico donde la desigualdad es una herida abierta por la que te desangras en tus jóvenes. Siento rabia e impotencia, y una tristeza mucho más sólida que cuando aquel marró el penalty. Estamos fuera del mundial, aunque lo peor es que, con estos mimbres, estamos lejos del futuro.
Por: Mons. Miguel Ángel Cadenas y P. Manolo Berjón (Vicariato Apostólico de Iquitos)
En Loreto, prácticamente, una de cada dos personas carece de acceso al agua potable por red pública. Es el departamento con peores índices en Perú. Según el INEI 2019 en Loreto consumen agua proveniente de una red pública el 56.3%. El siguiente departamento con peor acceso al agua es Puno, con el 71.6%. En los primeros puestos están Lima provincia y Arequipa: 96.8%, Apurimac: 96.9%, Callao: 97.6%, Tacna: 97.8% y Moquegua 97.9%[1].
La carencia de agua potable acarrea enfermedades respiratorias agudas, neumonía, diarrea, desnutrición, cólera, dermatitis… En fin, en plena pandemia de covid-19, cuando las recomendaciones del Ministerio de Salud indican la necesidad de lavarse continuamente las manos, la mitad de los loretanos carecen de este servicio. Esto supone que los más pobres tienen que comprar el agua a privados, más cara. Con un claro componente de género: las mujeres son las encargadas habituales de transportar, cuidar y administrar el agua. Otro aspecto más de la feminización de la pobreza.
El 2015 el Papa Francisco publicó Laudato Si. En su número 30 señala: “… el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable. Esa deuda se salda en parte con más aportes económicos para proveer de agua limpia y saneamiento a los pueblos más pobres”.
El párrafo anterior no necesita mayores comentarios. Quebrantar el derecho al agua potable implica la violación de otros derechos como el derecho a un medio ambiente sano, la salud, la alimentación, el territorio y la cultura[2].
Conviene recordar que el “circuito petrolero” carece de este servicio. Baste un botón sobre el lote 8 para corroborar lo que decimos: “El MINSA. Mediante el informe N° 176-2018, también comunicó que el agua de consumo humano en San José de Nueva Esperanza y Belén de Plantayanacu en la cuenca del río Corrientes tenía niveles de hidrocarburos totales por encima del límite permitido (0.01 mg/L) en el 2017. Esto supone una potencial contaminación aguda de la población por hidrocarburos. El acceso al agua en las cuatro cuencas ha sido considerado crítico. También se ha reportado contaminación por metales en el agua para consumo proveniente de las plantas de tratamiento ubicadas en las cuencas del Marañón, el Samiria y el Corrientes. La mayoría de comunidades no tienen acceso a agua potable”[3]. Los límites máximos permitidos de contaminantes no toman en cuenta que para estas comunidades el río es la principal fuente de agua.
Los datos del comienzo reflejan una gran desigualdad. Conviene recordar que la actividad petrolera aportó a las arcas públicas unos $ 35,000 millones en los últimos 50 años. Dinero parece que ha habido. Por tanto, hay que buscar las causas en otros lados: falta de imaginación, corrupción e inconducta funcional, una clase política que no se preocupa por el bien común y una ciudadanía que no presiona lo suficiente.
Falta imaginación. Ciertamente Loreto es un departamento inundable. Esto genera ciertas complicaciones, pero no imposibilita nada. Cuando los humanos utilizamos nuestra inteligencia al servicio del bien común estamos colaborando con la creación de Dios. Se necesita investigación y voluntad política para resolver los problemas comunes, en este caso el agua.
Sobre corrupción e inconducta funcional copiamos un párrafo certero tomado de la Contraloría General de la República: “Para el caso de la región Loreto, podemos ver que, con los montos estimados de perjuicio económico a nivel subnacional, se podría haber instalado 11 centros de salud (infraestructura y equipamiento) durante la pandemia o 136 plantas de oxígeno que podrían haberse empleado para mitigar los impactos de la pandemia… Respecto a las conexiones de agua potable, con el monto extrapolado se hubiese podido conectar a 48 592 personas del ámbito urbano y 21 351 del rural…”[4].
Apelamos a la clase política que privilegie el bien común por encima de los particulares. De nuevo, el Papa Francisco hablando de la caridad cristiana nos dice: “Esta caridad, corazón del espíritu de la política, es siempre un amor preferencial por los últimos, que está detrás de todas las acciones que se realicen a su favor” (Fratelli Tutti, n° 187). Invitamos a nuestros políticos, que más allá de las argollas de la “colonidalidad del poder” que los unen a poderes nacionales y transnacionales en intereses ajenos a la Amazonía, se dejen imbuir de esta caridad política que afronta las desigualdades y crea condiciones dignas de vida. El tema del agua en Loreto es urgente. Asimismo, apelamos a la sociedad civil que exija su derecho al agua potable (derecho eje) como condición de posibilidad de la vivencia de los demás derechos.
Concluimos con unas palabras esperanzadas del mismo Jesús para que mueva nuestros corazones: “… tuve sed, y me dieron de beber…” (Mt 25, 35). Proveer agua a los sedientos, dice Jesús, es proporcionársela a Él.
Post Data: Dos Juntas Vecinales en el distrito de Punchana – Iquitos interpusieron una demanda constitucional por el derecho al agua y al saneamiento básico. Ganamos en primera instancia y apelaron quienes tienen obligación de velar por el bien común. Perdimos en segunda instancia y estamos a la espera del dictamen del Tribunal Constitucional. Miles de familias siguen esperando. Y nosotros, entre la urgencia del caso y la paciencia geológica, acompañándoles.
Este espacio de aprendizaje, que se desarrollará durante cuatro sesiones, está dirigido a personas que buscan herramientas para tratar temas socio-ambientales con comunidades educativas u organizaciones sociales, e interesados en reflexionar sobre la intersección de fe y ecología.
Con la finalidad de reflexionar sobre las implicancias políticas, éticas y espirituales del modelo de una ecología integral y examinar su relevancia para forjar un desarrollo humano sostenible en el contexto peruano, se llevará a cabo desde el jueves 4 de agosto el curso de ecología integral: "Hacia un desarrollo sostenible y una cultura del cuidado". Esta capacitación, impulsada por la Comisión Episcopal para Jóvenes y Laicos Perú, tendrá un total de cuatro sesiones que se desarrollarán de manera virtual.
Durante las clases se busca además que los participantes puedan conocer las “buenas prácticas” que apliquen el modelo de ecología integral y proponer iniciativas para concretizarlo en su entorno de acción. Cada sesión contará con una hora de exposición de los especialistas, donde los participantes podrán efectuar preguntas y discusiones, mientras que en la segunda hora se harán ejercicios de reflexión y aplicación. Las clases se desarrollarán todos los jueves hasta el 1 de septiembre en la noche, de 7:30 p. m. a 9:30 p. m.
Los docentes a cargo son Augusto Castro, exdirector del Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía (INTE-PUCP); Silvia Cáceres, teóloga y miembro del equipo teológico del Instituto Bartolomé de las Casas; Silvana Vargas, exministra de Desarrollo e Inclusión Social y directora académica de Responsabilidad Social de la PUCP; y Alirio Cáceres, diácono permanente colombiano miembro del equipo Ecología Integral de la Conferencia Latinoamericana de Religiosos (CLAR) y colaborador del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM).
Cabe resaltar que el curso está dirigido a docentes y otros profesionales que se encuentren buscando herramientas para tratar temas socio-ambientales con comunidades educativas u organizaciones sociales; e invita a creyentes de diversas confesiones interesados en meditar sobre la intersección de unfe y ecología. Además, cuenta con el apoyo de organizaciones como el Centro de Asesoría Pastoral Universitaria CAPU - PUCP, el Centro Amazonico de Anropología y Aplicación Practica - CAAAP y la Red Eclesial Panamazonica - REPAM.
Para unirse y participar, los interesados deberán llenar el formulario de inscripción y hacer el pago simbólico de S/40.00. Los asistentes recibirán un certificado de participación tras presentar un ensayo de reflexión o proponer un proyecto práctico relacionado con los temas tratados en el curso.
